Así se ha pronunciado Maíllo, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, tras conocerse que la juez María Núñez Bolaños ha abierto una nueva pieza separada en relación con las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones de euros concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva, y que ha incluido como investigados en la misma a dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003, a seis ex altos cargos de la Junta y a los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.
"La justicia debe ser rápida para que sea justa", ha sostenido el dirigente andaluz de IU, quien ha puesto sobre la mesa la experiencia que ha vivido recientemente su partido con el ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos, que "tras toda una operación de acoso contra él, ha sido absuelto" por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.
Maíllo ha defendido que "lo mejor que se puede hacer es que la justicia actúe cuanto antes, que actúe con diligencia y que esto se cierre cuanto antes para que haya una sentencia en que se aclaren todas las dudas y no se ejerza supuestos de continuada sospecha".
No obstante, sí ha distinguido en el caso de los ERE las responsabilidades políticas del mismo, cuando ha recalcado que ocurrió porque el Gobierno andaluz "no estableció los mecanismos de control necesarios y tuvo en su propia Dirección General de Empleo a un señor que se dedicaba a saltarse todos los procedimientos habidos y por haber de forma absolutamente indebida".
Esta circunstancia, según Antonio Maíllo, "ha sido utilizada por la derecha para desprestigiar instrumentos de defensa de los trabajadores", toda vez que ha insistido en que "no pueden pagar por esta chapuza y los chanchullos de la administración quienes no son responsables de ellos".
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