Por estos hechos, el fiscal acusa a Muñoz, al exsecretario y a la hija de éste por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de fraude, solicitando tres años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años para los dos primeros y dos años de prisión y seis de inhabilitación para la procesada.
Alternativamente, para el caso en el que no se vean acreditados los anteriores delitos, el ministerio público plantea que el exsecretario y su hija sean condenados por un delito de tráfico de influencias o que la mujer, al menos, sea considerada partícipe a título lucrativo.
En su derecho a la última palabra, Julián Muñoz se ha dirigido a la Sala para decirle: "en ningún momento conscientemente he cometido un delito", agradeciendo, asimismo, el que le hayan permitido entrar y salir durante la celebración del juicio. Ni el exsecretario municipal ni su hija han querido añadir nada.
Este piso y otros dos procedían de un convenio urbanístico y el Consistorio decidió, dice el fiscal, sacarlos a subasta, utilizando una tasación no adaptada al precio de mercado. Dos de las viviendas se adjudicaron y la tercera se declaró desierta; aunque en 2000, según el fiscal, "sin procedimiento, contraviniendo la normativa" y sin actualizar precio, Muñoz la adjudicó directamente a la hija de Barrantes, "con el visto bueno" de éste que "firmó el decreto".
La Fiscalía señala que dicha adjudicación "obedecía al acuerdo entre los acusados para obtener un beneficio en perjuicio del Ayuntamiento", apuntando que esta acusada, que es empleada municipal desde 1992, "confiada y segura" de la operación "debido a que su padre era secretario, amigo personal del entonces alcalde, Julián Muñoz", vendió su residencia "seis meses antes de la adjudicación formal".
La adjudicación se formalizó al mismo precio por el que había salido a subasta dos años antes, es decir, 84.750 euros, según indicaba el ministerio público en sus conclusiones iniciales, a las que tuvo acceso Europa Press, y, además, "sin proceder, como es preceptivo, a una nueva valoración para ajustar el precio al valor real resultando, por tanto, infravalorada en perjuicio de las arcas municipales".
En este sentido, esta acusación y la del Ayuntamiento de Marbella, que ha pedido las penas mínimas de prisión, estiman que el perjuicio municipal es de 45.866 euros, cantidad que reclaman para el Consistorio; apuntando que el valor tenido en cuenta "contrasta con los valores de tasación de los expedientes de préstamo y el de la peritación judicial", además de que otras viviendas iguales fueron vendidas directamente por la empresa "a precios superiores".
DEFENSAS
La defensa de Julián Muñoz ha solicitado una sentencia absolutoria, al considerar que no se dan los requisitos de los delitos por los que es acusado éste, insistiendo en que no hubo acuerdo entre los procesados ni perjuicio para el Ayuntamiento, en todo caso, ha apuntado, "una irresponsabilidad" municipal al estar cuestionada la legalidad de la vivienda. Tampoco considera que su cliente se beneficiara "en nada".
En su declaración, el exalcalde dijo no saber los aspectos concretos de este caso al haber pasado 16 años y por haber firmado "todo lo que me ponían", asegurando que le pasaban "un tocho importante cada día" de papeles para rubricar. "El más listo fue Jesús Gil --su antecesor--, que nunca firmó nada", señaló, reiterando que no sabía nada de urbanismo ni de administración pública y que no pensó que los técnicos le engañaban.
El letrado de Barrantes y de su hija también ha pedido la absolución para éstos, al señalar que fue "una adjudicación directa como tantas que se hicieron en esa época en Marbella", pero ha insistido en que "no hay ningún perjudicado" ni perjuicio, ya que no había más personas interesadas en la vivienda. Ha añadido que "no es suficiente la mera ilegalidad" para pasar del ámbito administrativo al penal.
Además, ha señalado que el Ayuntamiento no ha llevado a cabo una revisión de la adjudicación de la vivienda, que, según ha indicado, desde 2008 "tiene orden de derribo", por lo que "vale cero". Considera que no se han acreditado los contactos ni encuentros entre los acusados, por lo que concluye que no existe fraude, ni tampoco tráfico de influencias.
El exsecretario declaró que no supo que la vivienda en cuestión se le había adjudicado a su hija hasta que no estaba hecho, porque "nunca me he metido en las cosas de mis hijos"; y, aunque firmó el decreto correspondiente, recalcó que esa rúbrica "sólo significa reconocer que otra firma es del alcalde, no entro para nada en el contenido del papel". Además, aseguró que no le gusto "nada" que su hija se quedara con la casa.
La hija del exsecretario, asimismo, negó que negociara con Muñoz y dijo que no se planteó estar cometiendo ninguna ilegalidad, reconociendo que hizo trámites administrativos, como darse de alta en la luz y el agua, antes de que se le adjudicara el piso, pero rechazó que viviera allí.
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