La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha acogido este martes la segunda sesión de la vista oral, en la que las acusaciones han modificado sus conclusiones iniciales, solicitando menos penas para los tres acusados que siguen en el proceso, y han planteado alternativas. Los informes finales se ha fijado para el 12 de julio, cuando previsiblemente el juicio quedará visto para sentencia.
Así, los exediles que formaban parte de una comisión de gobierno donde se dio cuenta de estos alquileres, para los que el Tribunal ha adelantado en la sala el fallo absolutorio, son Rafael González, Marisa Alcalá, José Luis Troyano, Alberto García, José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones y Francisco Javier Lendínez.
Por contra, las acusaciones siguen sosteniendo que Muñoz, como alcalde accidental, firmó un convenio en 1996 de compra de tres locales comerciales del puerto, fijándose como forma de pago la cesión de un lote de cuatro parcelas en una urbanización, con un reconocimiento de deuda de una parte desde el Ayuntamiento a la vendedora.
En 2000, un empresario acusado en esta causa solicitó alquilar dichos locales por cinco años, dictando el exregidor un decreto para elevar a la comisión de gobierno el acuerdo de arrendamiento, utilizando un procedimiento "sin publicidad y concurrencia que beneficiaba al interesado, perjudicando los intereses del Ayuntamiento que se ve privado de considerar otras posibles ofertas más beneficiosas".
El fiscal señala que "no existió valoración de los locales y de las rentas acorde al mercado", haciendo Julián Muñoz "una estimación unilateral que coincide básicamente" con lo propuesto por la persona interesada en alquilarlos, pero que "contrasta frontalmente con el establecido para otros locales de la misma zona".
Esta operación, según el ministerio público, evidencia "un trato de favor" hacia el acusado que quiso alquilar los locales y "un perjuicio a las arcas públicas al dejar de percibir un mayor importe de renta". Dicho perjuicio, indica la Fiscalía, se cuantificó en 115.515 euros, cantidad que reclama para el Ayuntamiento.
Asimismo, la acusación pública señala que el entonces secretario realizó un certificado en el que aludía a la compra de los locales "faltando a la verdad por cuanto, como se había expuesto por el Tribunal de Cuentas, la titularidad correspondía a una sociedad municipal".
MODIFICACIONES
Así, el ministerio fiscal ha modificado las penas solicitadas inicialmente y pide tres años y medio de prisión para Muñoz y Barrantes por un delito de malversación en concurso con prevaricación, por el que para el empresario interesado en alquilar los locales del puerto solicita un año y medio de cárcel.
Alternativamente, plantea la posibilidad de considerar cómplices al exsecretario y al empresario, caso en el que solicita dos años para el primero y un año para el segundo. Por el delito de falsedad, para el exsecretario municipal solicita cuatro años de cárcel.
Otra alternativa es la calificación de delito de prevaricación en concurso con fraude, en vez de malversación; pidiendo para el exalcalde y el que era secretario dos años de cárcel y para el tercero seis meses de prisión. Si a estos dos últimos se les entiende como cómplices, las penas solicitadas son de un año y seis meses de cárcel, respectivamente.
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