La diputada de En Marea Ánxeles Cuña ha criticado este jueves que el IVA de una revista pornográfica se sitúe en el cuatro por ciento mientras el libro digital está gravado con un 21 por ciento.
Lo ha dicho durante una nueva petición en comisión parlamentaria de que se rebaje el IVA cultural, una pretensión que ha vuelto a ser rechazada por la mayoría que representa el PPdeG.
En su intervención en la Cámara, Cuña ha lamentado el "paisaje desolador" que este tipo de decisiones "políticas" conllevan. "Miles de trabajadores, compañías, productos...", ha enumerado los damnificados por la subida del IVA cultural.
Con ella ha coincidido la representante del BNG en el debate, Olalla Rodil, quien ha juzgado que la subida fue "una puñalada" al sector de la cultura. Además, ha apuntado que la media europea se sitúa en el 12 por ciento.
Asimismo, el socialista Luis Álvarez ha sumado su apoyo a esta proposición no de ley, al opinar que se trata de una demanda "socialmente justa" y "económicamente necesaria".
Enfrente, Teresa Egerique (PP) ha aseverado que su partido "comparte" esa misma "preocupación" por el mundo cultural, por lo que se ha mostrado "segura" de que el Gobierno "revertirá" su IVA una vez "la coyuntura financiera lo permita".
MARUJA MALLO
Por otra parte, Olalla Rodil ha preguntado al secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, sobre las actuaciones planificadas por la Xunta con motivo del homenaje a Maruja Mallo en el Día das Artes Galegas.
Al respecto, el alto cargo de la consellería que dirige Román Rodríguez ha enumerado distintas actividades que se irán programando a lo largo de este año y que, como ha dicho, seguirán en 2018.
A ello ha añadido una campaña dirigida a los centros educativos para dar a conocer la figura de la que ha definido como "una de las artistas gallegas más destacadas del siglo XX, o de todos los tiempos".
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
Finalmente, en la misma comisión, la nacionalista ha preguntado a la directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Ínsua, sobre la cuantía de la indemnización que habrá que pagar a una promotora que destruyó un yacimiento arqueológico durante unas obras.
Y es que, como ha relatado, se trataba de un castro inventariado por la Xunta en Cervo (Lugo), cuyo ayuntamiento concedió licencia para levantar tres edificios a pesar de tener "conocimiento" de su existencia. Así pues, la empresa recurrió al Tribunal Supremo para reclamar daños y perjuicios por la paralización de la construcción a instancias de la administración autonómica.
Al respecto, la directora xeral ha considerado "imposible" tener una estimación de la cantidad que habrá de abonar la Xunta y que la empresa cifra en 4,4 millones de euros. Según la sentencia, será un arquitecto designado judicialmente quien se encargue del peritaje.
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