El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se ha fijado un plazo de 18 meses para instruir la causa abierta tras la querella presentada contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y una veintena de responsables del banco por la concesión de hipotecas sobrevaloradas de alto riesgo. El magistrado, que ha actuado en contra del criterio de la Fiscalía, tiene hasta diciembre de 2017 para investigar la concesión de préstamos sin garantías y las tasaciones infladas denunciadas por dos particulares.
El Ministerio Público, que ya se opuso a la admisión a trámite del procedimiento, le reclamó que declarara la causa sencilla, lo que hubiera obligado a que la instrucción finalizara en seis meses. No obstante, el magistrado emplea un artículo de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que le faculta para consultar su criterio al resto de partes de forma excepcional y de ese modo, con el apoyo de la acusación, ha obtenido una ampliación del plazo establecido.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez explica que el fiscal le ha pedido que no declare la causa compleja "porque está solicitando el sobreseimiento y archivo de las actuaciones" y agrega que la acusación particular discrepa de este criterio.
De la Mata argumenta que la investigación abierta a Caja Madrid se centra en hechos que pueden constituir delitos de estafa, administración desleal, falsedad documental y asociación ilícita. "Es evidente que involucra a una gran cantidad de investigados" y que requerirá el examen de abundante documentación y complicados análisis, dice el magistrado.
EN PLENA BURBUJA INMOBILIARIA
El juez aceptó en marzo investigar una querella que relata las conductas acontecidas en Caja Madrid entre 2003 y 2009, en el período anterior al estallido de la crisis y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, en relación con la "práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieron haberse concedido".
El magistrado concluyó que existen indicios de que la tasadora del grupo, Tasaciones Madrid, valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos y "que al abrigo de estas sobretasaciones se concedían de forma sistemática préstamos por encima del 100 por ciento del precio de compraventa de los inmuebles hipotecados".
Asimismo, destacaba que se concedían préstamos hipotecarios de 20 o más años a personas extranjeras con permisos temporales de residencia y trabajos de uno o dos años de validez y que esto generó una cartera hipotecaria de alto riesgo que en ciclos de recesión, como el actual, explicaron la mayor mora comparada con el resto de las entidades del sistema y "la acumulación de pérdidas para la entidad".
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