Mercasevilla decide no recurrir la sentencia absolutoria por la venta de los suelos

En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento hispalense informa de que esta decisión se ha adoptado sin ningún voto en contra y con la abstención de los representantes de Mercasa y la ausencia del representante del PP en el consejo.

La decisión se ha adoptado tras encargar un informe jurídico al servicio de abogados Piñeyro/García-Quílez "que desaconseja la interposición de recurso".

Así, según este documento firmado el 30 de junio de 2017 y remitido a todos los miembros del consejo de administración, "se desaconseja la interposición de recurso de apelación".

Este informe recoge que, "aún cuando prosperasen los errores en la valoración que denunciaríamos, entendemos que son escasas las posibilidades de que dichos elementos sirvan de soporte probatorio suficiente para la revocación de la sentencia absolutoria".

"Nos encontramos además con la posible condena en costas del recurso que se interponga en caso de ser desestimado, puesto que a buen seguro los apelados así lo solicitarán y con la desatención del Ministerio Público en cuanto a, de una parte, interponer recurso, y de otra, la adhesión a un posible recurso de Mercasevilla", recoge el informe encargado por Mercasevilla.

"SALVAR" A MERCASEVILLA

Durante el consejo de administración, la delegada de Relaciones Institucionales, Economía y comercio y presidenta de Mercasevilla, Carmen Castreño, ha incidido en que "todos los esfuerzos deben centrarse en salvar y sacar adelante a la empresa pública".

"Para Mercasevilla, la sentencia absolutoria es una buena noticia, ya que constata que no hubo delito en una operación realizada en el seno de esta empresa y se restituye en parte la imagen de su gestión después de unos años muy difíciles", apunta Castreño.

La delegada, además, ha incidido en la "decisión firme" del Ayuntamiento de trabajar para salvar Mercasevilla y en la "necesidad de que todas las partes se comprometan con el futuro de la empresa pública".

Hasta el momento, los representantes de Mercasa, ente dependiente del Gobierno central, "ya bloquearon la operación de ampliación de capital prevista, lo que provocó la entrada en concurso de acreedores", según el Ayuntamiento.

En el juicio, la acusación particular que ejerce Mercasevilla mantuvo su petición de dos años de prisión y hasta 17 años de inhabilitación para los diez acusados por delitos de fraude y exacciones públicas en concurso con otro delito de prevaricación y solicitó que Sando fuera también considerada responsable civil subsidiaria de la indemnización de 25 millones de euros que reclamaba a los imputados.

LA FISCALÍA ESTUDIA SI RECURRE O NO

Cabe recordar que la acusación particular que ejerce la Asociación de Mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas también ha decidido no recurrir el fallo, mientras que la Fiscalía no ha decidido aún si recurre o no la sentencia.

En el juicio, la Fiscalía pidió dos años de cárcel para los diez acusados a cuenta de un presunto delito de fraude y exacciones ilegales, o de manera alternativa un delito societario que habría prescrito en el caso de Torrijos, así como que se declarase la nulidad del concurso y del contrato de opción de compra firmado entre Mercasevilla y Sanma de fecha 23 de febrero de 2006 y de los actos derivados del mismo.

Según consideró el Ministerio Público en la vista oral, hubo una "decisión política" para adjudicar a Sanma, filial de Sando, el concurso público para la venta de los suelos, cuyo pliego presentaba "deficiencias técnicas" y estaba hecho "con mucha prisa", como si la decisión "estuviera tomada y el concurso fuera un paripé".

En la sentencia, la juez absuelve de los delitos de fraude y exacciones ilegales, prevaricación y societario a Torrijos; al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; al ex director de área de Vía Pública del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño; al exconcejal socialista y expresidente de la lonja Gonzalo Crespo, y a la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante.

La juez también ha absuelto al ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero; al economista José Antonio Ripollés; al expresidente de Sando José Luis Sánchez Domínguez; al vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y al exvicepresidente del área inmobiliaria José Luis Miró.

A su juicio, en esta causa cuya instrucción comenzó la juez Mercedes Alaya en 2009 únicamente existen contra los acusados "meras sospechas", ya que no se ha acreditado ningún "amaño" ni "concierto previo" para que Sando consiguiera la adjudicación de los terrenos y tampoco ha quedado probado que hubiera un pacto entre Sando y el resto de empresas para que presentaran ofertas de "relleno".