México respondió este jueves a recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, prometiendo analizar una posible legislación sobre uso de la fuerza pública y contra la tortura y la desaparición forzada, pero rechazó modificar su Código de Justicia Militar.
El país, que se encuentra enfrascado en una guerra contra el narcotráfico desde 2006, ha despertado críticas entre organizaciones internacionales por las numerosas denuncias de abusos contra sus fuerzas del orden.
En octubre de 2015, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, visitó México, seis meses después de que el gobierno emprendiera una contienda pública contra un experto de Naciones Unidas que sostuvo que la tortura es una práctica "generalizada" entre las autoridades del país.
En marzo, Al Hussein envió a México una lista de 14 recomendaciones, entre las que figuran reformar el Código de Justicia Militar para que las autoridades civiles, además de que "deberían cumplir plenamente con su deber" de investigar abusos por parte de las fuerzas armadas, también conozcan las violaciones de derechos humanos contra los militares.
El gobierno mexicano respondió que "no es factible considerar mayores modificaciones" a la reforma de 2014, que estableció que las violaciones contra civiles cometidas por soldados deberán ser juzgadas por tribunales ordinarios y no militares.
México argumentó que las autoridades civiles cuentan con un marco jurídico "suficiente y reforzado" y que "cualquier afectación" a los derechos humanos contra militares puede ser revisada ante tribunales ordinarios a través de un recurso.
Por otro lado, México dijo que "analizará" la propuesta de adoptar una ley sobre el uso de la fuerza de servidores públicos.
También "coincide" en la adopción de leyes sobre tortura y desapariciones. El presidente Enrique Peña Nieto envió en diciembre al Congreso sendos proyectos de ley.
Entre los casos que han despertado más indignación está la desaparición y presumible masacre de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero, sur), quienes -según la versión oficial- fueron atacados por policías locales que luego los entregaron a sicarios para que los asesinaran.
A este se suman los casos de Tlatlaya (centro) y Tanhuato (oeste), en los que se han denunciado ejecuciones extrajudiciales por parte de militares y policías federales.
Desde 2006, suman más de 170.000 muertes violentas y más de 28.000 desaparecidos en México, según cifras oficiales.
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