Con la destrucción de extensos plantíos de drogas y el decomiso de numerosas armas, ranchos, caballos finos y hasta un león, el gobierno de México busca pasar el mensaje de que "no ha escatimado" esfuerzos para detener a quienes perpetraron una mortal emboscada contra militares en septiembre.
Tras el espectacular ataque con armas largas y granadas, en el que murieron cinco soldados, las fuerzas federales han realizado una "ininterrumpida" plétora de decomisos y detenciones, dijo en conferencia de prensa Gustavo Salas, subprocurador especializado de investigación de delincuencia organizada de la fiscalía general.
Esto permitió que "se tenga claramente establecido el móvil, la cadena de decisiones y acciones ilícitas que motivaron la emboscada, el número de delincuentes que participaron, y a qué organización criminal pertenecen", subrayó.
Sin embargo, el funcionario no especificó cuál fue ese móvil, el número de detenidos ni el nombre del cártel que habría perpetrado el atentado, ocurrido la madrugada del 30 de septiembre en Culiacán, capital del estado de Sinaloa (noroeste), bastión del poderoso cártel del capturado capo Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Consultada por la AFP, la fiscalía general declinó precisar el móvil e identificar a los atacantes.
El general Alfonso Duarte, comandante de la zona militar de Culiacán, dijo el día del ataque que era "muy probable que (los responsables) sean los hijos de 'El Chapo'", pero desde entonces las autoridades fueron herméticas sobre el tema.
Esta estrategia "se puede llamar una guerra mediática, informándole al 'Chapo' Guzmán que el gobierno está dando todo el aparato del Estado, la parte judicial, la parte militar, para golpear a su organización", estimó para la AFP Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Guzmán enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos y según analistas, dos de sus hijos forman parte del liderazgo del cártel de Sinaloa.
Sin embargo, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán negaron recientemente a través de un abogado estar involucrados en el ataque que también dejó 10 soldados y un paramédico heridos.
Salas recalcó que el gobierno "no ha escatimado ni escatimará esfuerzos, recursos humanos, o tecnológicos" para hacer justicia, por lo que se abrió una investigación por "homicidio calificado, daño a bienes de la Federación, lesiones, violación a la ley general de armas de fuego y control de explosivos y delincuencia organizada".
Un grupo de científicos fue desplegado en la zona con equipos de alta tecnología, y hasta el momento se han cateado ocho inmuebles -casas, ranchos y una clínica- y decomisado cientos de celulares, decenas de vehículos, 12.220 dolares, un toro e incluso un león, según Salas.
Tras la conferencia realizada en Culiacán, las autoridades mostraron a la prensa otros de los bienes incautados: cinco brillantes relojes de la marca Rolex, 12 caballos finos y varias armas cortas con chapa de oro e incrustaciones de diamantes.
También decomisaron ametralladoras, fusiles de alto poder, lanzagranadas y más de 80.000 cartuchos de diferentes calibres.
Además, en un operativo realizado el 5 de octubre en el llamado Triángulo Dorado se destruyeron unas 700 hectáreas de plantíos de marihuana y amapola y se aseguraron laboratorios de drogas sintéticas.
Sales sostuvo que ante el temor de pobladores de esa zona serrana, que abarca los vecinos estados de Durango y Chihuahua y es clave para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, el Ejército permanecerá desplegado "por el tiempo y con la cantidad de elementos que sean necesarios".
Según la versión oficial, hombres armados agredieron a militares la noche del 29 de septiembre en el municipio de Badiraguato, resultando herido y capturado Julio Óscar Ortiz Vega, alias "El 2000" o "El Kevin", un presunto delincuente.
Cuando los soldados trasladaban al detenido a un hospital de Culiacán a bordo de una ambulancia custodiada por dos vehículos militares, el convoy fue emboscado por hombres que recuperaron a Ortiz.
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