Montón se ha referido de esta forma en un comunicado ante la decisión del Gobierno central de presentar un recurso contencioso-administrativo contra los decretos del Consell (240/2015 y 239/2015) que conceden subvenciones a pensionistas y personas con diversidad funcional para eliminar los efectos del copago farmacéutico y ortoprotésico establecido por el Ejecutivo del PP en 2012.
La Conselleria de Sanidad ha recalcado que los decretos cuentan con los todos los informes preceptivos, entre ellos, los de la Abogacía y la Intervención de la Generalitat. "Resulta sorprendente que con la multitud de problemas que se le acumulan en la mesa a Mariano Rajoy, este gobierno en funciones que apura sus últimos días al frente del Ejecutivo parece no tener nada más importante que hacer que combatir las medidas de urgencia adoptadas por la Generalitat para hacer una sociedad más digna y proteger la salud de las personas menos favorecidas", ha añadido Montón.
A su juicio, "con medidas como ésta, el Gobierno de Rajoy no solo se enfrenta al Consell, sino, lo que es mucho más grave, a las miles de personas que ahora ya pueden acceder a los tratamientos médicos prescritos por su médico que no iniciaban o no continuaban debido a los copagos".
La Conselleria ha recordado que, gracias a esta medida, que entró en vigor en enero de 2016, más de 807.000 personas de la Comunitat Valenciana, --tanto pensionistas con rentas bajas (más de 710.600) como personas con diversidad funcional (más de 96.500)--, han accedido a sus tratamientos sin abonar el copago que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy con el decreto 16/2012.
SANIDAD UNIVERSAL
Montón ha apuntado que el Gobierno "ya intentó bloquear la universalidad de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana" al llevar esta iniciativa al Tribunal Constitucional. "En este caso, el Gobierno fracasó en su intento de impedir la sanidad universal valenciana ya que el TC, hace un mes, levantó la suspensión del Decreto-Ley del Consell que garantiza la atención para todas las personas", ha comentado.
En esta línea, ha añadido que el TC destacó entre sus argumentos para mantener la vigencia de la norma valenciana que "el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad poseen una importancia singular en el marco constitucional que no puede desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado".
"Como sucede con la universalidad, estamos convencidos de que subvencionar los copagos a las personas más desfavorecidas para que accedan a los tratamientos sanitarios que necesitan es una medida de justicia social y de decencia, ya que tiene un impacto directo sobre la equidad y la salud de la población, especialmente la más desfavorecida", ha indicado.
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