La Policía Municipal ha denunciado a 1.072 Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC) como los que utilizan Uber y Cabify en la Comunidad de Madrid, según han informado fuentes del área de Salud, Seguridad y Emergencias. Muchas de las denuncias se enmarcan en una operación especial de la Policía, que ha realizado un total de 5143 controles.
En cuanto al aeropuerto de Barajas, donde se han llevado a cabo 787 inspecciones desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, casi el 30% de los conductores fueron multados, un total de 207. Las multas oscilan entre 100 y 400 euros las faltas leves y hasta 6.000 euros las faltas graves.
El Ayuntamiento de Madrid ha explicado que estos controles se realizan de manera ordinaria aunque puntualmente se refuerzan en zonas de gran afluencia de pasajeros, como aeropuertos o estaciones de tren. El sector del taxi ha pedido al Ayuntamiento de Madrid un mayor control de los servicios que realizan este tipo de vehículos. El Aeropuerto de Barajas siempre ha sido terreno conflictivo casos de captación de clientes por parte de azafatas y conductores sin que el viaje fuera precontratado mediante la 'app'.
Por este motivo, la Policía Municipal, en colaboración con la Comunidad de Madrid, ha intensificado los controles. Ambas administraciones firmaron un convenio para actuar de forma conjunta en la inspección de los vehículos con este tipo de licencia para reforzar las acciones contra la competencia desleal y el intrusismo profesional en el sector del taxi.
Para los VTC es obligatorio portar el distintivo acreditativo, una medida aprobada por la Comunidad de Madrid. Además tienen que estar dados de alta como tal en la Comunidad y llevar el contrato con el usuario, en el que deben estar especificados los trayectos y horarios concretos.'Save the Taxi'
El sector del taxi ha iniciado una campaña con el objetivo de dar a conocer al usuario la situación “real” que atraviesa el colectivo. 'Save The Taxi', como se denomina la iniciativa reivindica, a través de videos y documentos gráficos, la necesidad de un servicio público “porque es la necesidad de todos”.
Asimismo, la campaña pretende hacer hincapié en el debate sobre la privatización del sector, una medida que “dejara” el derecho de movilidad sujeto a la oferta y la demanda; y que “constituye una apertura” a situaciones de desamparo del ciudadano “que no pueda afrontar económicamente una subida motivada por cualquier causa”.
Los taxistas españoles advierten que la irrupción de UBER y Cabify, quienes transfieren sus ganancias a paraísos fiscales “para evadir sus responsabilidades sociales”, deja fuera a los taxis “que sufren una elevada presión fiscal que roza casi la mitad de la recaudación”, y cuya regulación y tarifación es acordado y pactado entre la Administración, los representantes de los consumidores y el colectivo del taxi.
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