La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), acusación popular en el caso 'Púnica', ha reclamado al juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que eleve exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que investigue "el concierto criminal" ideado por el presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y la senadora 'popular' Pilar Barreiro para "lavar su imagen" con fondos de la Consejería de Educación murciana.
La acusación atribuye a Sánchez la comisión de delitos de fraude, cohecho y revelación de información. Según defiende un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, ambos cargos pergeñaron un plan para beneficiarse personalmente de una mejora en su imagen pública usando los servicios que le ofertaba el empresario de la trama Alejando de Pedro.
Explica el escrito que este "acuerdo criminal" contó con la colaboración de funcionarios de la Consejería, que entonces dirigía Sánchez, para defraudar fondos públicos que se abonaron de De Pedro. Éste fijó los precios arbitrariamente, no en función del trabajo realmente a realizar a favor de la administración pública, inexistente, sino del que se pretendía realizar a favor de los cargos públicos.
Además, ADADE muestra su "estupor"ante el informe de la Anticorrupción presentado este lunes en el que se opone a que Sánchez sea investigado por el TSJ. Destaca que la Fiscalía empleara "doce líneas" para justificar que todo lo dicho por las fiscales encargadas del caso es correcto respecto a Barreiro, pero no respecto a Pedro Antonio Sánchez.
Precisa que los gastos para mejorar el posicionamiento en redes sociales "eran netamente personales, de mejora de su imagen pública de cara al minimizar su implicación en procedimientos judiciales por corrupción".
"Todo para lograr mejorar su posicionamiento dentro de su partido político para resultar elegido candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, lo que logró", destaca el escrito.
EL AUTO DEL JUEZ VELASCO
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional acusó al presidente murciano, en un auto que se dio a conocer este lunes, la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada dentro de la pieza III de la relativa a las supuestas irregularidades en Murcia.
Según explica el juez en este auto, Sánchez concertó en la primavera de 2014 con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación de la que era el principal responsable con el fin de realizar trabajos particulares de reputación en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia. El coste total de los trabajos habría alcanzado los 32.200 euros si bien no llegó a ejecutarse tras estallar el caso.
Ante este auto, Anticorrupción presentó un informe a Velasco en la que se opone a esa exposición razonada y por tanto a que se le investigue a Sánchez por fraude, cohecho y revelación de información reservada --tres delitos menos de los que señala el juez-- al considerar que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama no llegaron a formalizarse.
Velasco dirigió el procedimiento contra otras 21 personas, entre ellas la senadora del PP Pilar Barreiro, a la que acusa de otras cinco conductas presuntamente delictivas.
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