Nuevo presidente de Perú deberá librar guerra contra sicarios y crimen organizado

Lunes de mañana en Lima: ocho individuos en motocicletas disparan en la puerta de un banco a dos cambistas de dólares para arrebatarles el dinero, un hecho cada vez más habitual que retrata la ola de inseguridad que el próximo presidente de Perú deberá enfrentar.

Los 'raqueteros', que se desplazan al acecho de sus víctimas, y los 'marcas' -que marcan y estudian a su víctima - mantienen aterrados a miles de ciudadanos, que claman incluso por la intervención de las Fuerzas Armadas, como ocurrió en las favelas de Rio de Janeiro.

Asaltantes que irrumpen en restaurantes y farmacias, emboscadas a empresarios, extorsiones a dueños de colegios con granadas en las puertas de sus locales y la acción de sicarios, se han hecho frecuentes en Perú. Y todo queda registrado en cámaras de seguridad.

Tras superar dos décadas de guerra interna contra las guerrillas y el terrorismo(1980-2000), Perú saneó su economía y se convirtió en la estrella de Latinoamérica, acogedor para el turismo, la buena comida y las inversiones. Con una economía en gran parte dolarizada es común ver en las calles a cambistas de dólares que, trabajando por años sin problemas, se han vuelto también blanco de la delincuencia.

La buena situación del país fue imán para atraer a delincuentes de países vecinos como Colombia, que los ha combatido con más dureza, asegura a la AFP el especialista en seguridad César Ortiz Anderson.

"La delincuencia es dinámica, activa, incluso trabaja metiendo a sus parientes a la policía. Está mejor armada", agrega. Se dan casos en el que las bandas operan dando órdenes desde las cárceles.

El actual gobierno de Ollanta Humala declaró en emergencia varias ciudades del país, entre ellas el Callao, vecina a Lima, donde bandas de narcotraficantes se disputan a balazos la supremacía del territorio y de operaciones en esta provincia que alberga al primer puerto del país. Pero no ha sido suficiente.

Mientras en 2006 la preocupación del electorado estaba relacionada con la economía, especialmente con el desempleo (61%), en 2016, un 70% de la ciudadanía considera que es la delincuencia lo que más les afecta, según un sondeo de la firma Ipsos. Sólo en mayo pasado, cinco estudiantes fueron asesinados por asaltantes para arrebatarles sus celulares.

"Es cierto que no estamos a niveles de Venezuela o de Centroamérica. Pero aquí en el Perú son constantes los delitos a comensales, o la acción de sicarios que entran y matan a la víctima a la vista de todo el mundo. El paisaje de la muerte se está haciendo una costumbre y la gente se está asustando", explica Ortiz.

Según un informe de la ONU a 2012, Perú tenía una tasa de 9,6 muertes intencionales por cada 100.000 habitantes, una cifra menor frente a Honduras (90,4), Venezuela (53,7) o México (21,5). "Eso no es consuelo. Al llegar a 10, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera pandemia", consideró el experto.

Mientras especialistas plantean una reforma total de policía y sistema judicial para sancionar eficazmente a la delincuencia, los candidatos para el balotaje del 5 de junio han optado por medidas más efectistas.

La favorita Keiko Fujimori, ha dicho que podría activar a las Fuerzas Armadas y que construirá cinco cárceles enclavadas en los Andes, a 4.000 metros de altura para delincuentes peligrosos.

La exigencia de mano firme contra la delincuencia, favorece a Keiko por el recuerdo de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1980-2000), a quien sus simpatizantes atribuyen haber derrotado a las guerrillas pese a que hoy está preso por corrupción y crímenes de lesa humanidad por excesos en la lucha contra el terrorismo.

Una encuesta de marzo evidenció que un 30% de los ciudadanos cree que ella puede combatir la delincuencia, frente a un 13% de su contendiente, Pedro Pablo Kuczynski.

Este último, por su parte, ha planteado las penas acumulativas -hoy en Perú sólo se cumple la sanción penal más grave- y un sistema de cárceles de máxima seguridad pero productivas, con trabajos para los presidiarios.

Y mientras alguien tome las riendas, municipalidades están equipando a sus guardias con armamentos no letales, y los propios ciudadanos realizan campañas que invocan a "chapar a un choro" (detener un ladrón) para "dejarlo paralítico", y también construyen rejas en sus barrios en un intento de frenar los asaltos.