En un decreto, consultado por Europa Press, el Juzgado explica que, tras serle impuesta dicha fianza civil, se han designado como bienes sobre los que trabar embargo sendas fincas urbanas inscritas a favor de la Federación de Industria de CCOO (antes Federación Minerometalúrgica), aportando incluso una tasación pericial de las mismas acreditativa del valor de las fincas "que supera en todo caso la fianza impuesta".
De este modo, el Juzgado decreta el embargo de estas dos fincas ubicadas en la calle Manuel Cortina de Madrid y, al mismo tiempo, declara solvente al investigado, dando por terminada la presente pieza de responsabilidad pecuniaria.
La juez Núñez impuso dicha fianza civil al imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción y al entender que "ha sido beneficiario de hasta cuatro pólizas --la contratada como consecuencia del ERE de Hytasal y otras tres pólizas individuales más--", cobrando por todas ellas 265.015,47 euros.
El imputado recurrió alegando error en la aplicación de la norma y que no existen indicios de su presunta actividad delictiva, así como vulneración del artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pidiendo de manera subsidiaria la reducción de la fianza civil impuesta.
Frente a ello, la juez confirmó el pasado mes de enero la fianza civil impuesta en un auto donde aseveraba que estas alegaciones "fueron tenidas en cuenta al dictarse el auto recurrido, que podría confirmarse en base a su propia fundamentación".
Asimismo, añade que "la excedencia alegada era derivada de su cargo sindical electo en Fiteqa-CCOO y que, frente a lo que recoge el atestado" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizado en virtud de auto de 23 de enero de 2014 sobre las tres pólizas abonadas directamente por Vitalia, "nada desvirtúa la parte quien no acredita los servicios jurídicos remunerados".
De otra parte, la juez señala que el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "autoriza la imposición de medidas en esta fase de instrucción, sin que proceda la minoración subsidiaria solicitada, ajustándose la cuantía fijada a las cantidades por las cuales podría responder en atención a los hechos que se investigan relacionados con el recurrente y que quedan debidamente justificadas y argumentadas" en el auto recurrido.
Cabe recordar que, en el auto donde le impuso dicha fianza civil, la magistrada resaltaba que Florido, como secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A, mantuvo una "estrecha relación" con Vitalia a través de su responsable en Andalucía, el también imputado Jesús Bordallo, "realizando labores de captación de empresas de los sectores textil y químico, que se encontraban en procesos de reestructuración, y participando activamente en diversos procesos de regulación de empleo de empresas, en los que se han detectado irregularidades".
"PAQUETE COMPLETO"
De este modo, "y merced a sus relaciones" con los comités de empresas "gracias al cargo que ostentaba en CCOO", el imputado "habría ejercido como facilitador" para Vitalia, "aportando información acerca de empresas del sector textil y químico en situaciones de crisis y reestructuración", lo cual "habría propiciado que se les ofreciera un 'paquete completo' que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada".
Según la juez, en el año 2003 el imputado "se encuadra entre los trabajadores afectados" por el ERE acometido en Hytasal, "siendo beneficiario" de la póliza suscrita para el pago de las prejubilaciones de los afectados por el ERE, la cual fue financiada "fundamentalmente" por la Junta y "en la que resulta mediadora Vitalia".
Al año siguiente, Florido "vuelve a ser dado de alta" en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta de Hytasal, "llegándose a determinar" que el encausado "ha sido beneficiario de hasta cuatro pólizas" por las que ha cobrado "al menos" la cantidad de 265.015,47 euros.
Inicialmente, la juez Mercedes Alaya impuso al imputado una fianza civil de 353.353,96 euros, aunque posteriormente la anuló y dejó sin efecto al considerar que había que investigar "con mayor profundidad" los hechos que se le imputan, tras lo que la Fiscalía insistió en que le impusiera una fianza, lo que ha llevado a efecto María Núñez.
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