La anulación por un tribunal de Sao Paulo del juicio sobre la masacre en la cárcel de Carandirú en 1992, que dejó 111 presos muertos, es "peligrosa" y representa un "revés" para la justicia brasileña, afirmaron el miércoles organizaciones de defensa de los derechos humanos.
"Estoy perplejo", declaró a la AFP Marcos Fuchs, abogado y director adjunto de la ONG Conectas.
"Es una decisión que sienta un precedente importante para que la policía pueda ingresar en unidades carcelarias y cometer la misma barbarie. Es una decisión muy peligrosa", alertó.
La cuarta sala penal del Tribunal de Justicia paulista anuló el martes los juicios de 2013 y 2014 que condenaron a 74 agentes (del cuerpo de la policía militar, dependiente de las autoridades de cada Estado) acusados de haber cometido la mayor matanza carcelaria en la historia de Brasil en octubre de 1992.
Las condenas de primera instancia contra los policías iban de 48 a 624 años de cárcel, pero todos siguen en libertad a la espera de la resolución de recursos presentados por sus defensas.
La oficina en Brasil de Amnistía Internacional sostuvo que la anulación del juicio "puede significar un enorme revés de la justicia brasileña en el caso mas emblemático de violación a los derechos humanos ocurrido en el sistema penitenciario del país".
AI recordó que los familiares de las víctimas esperaron más de dos décadas para que se iniciaran los juicios, "lo que ya demuestra una enorme falla del sistema de justicia criminal brasileño".
Para Human Rights Watch esta decisión refuerza la tesis "de que la impunidad es la regla en Brasil", dijo su directora en el país Maria Laura Canineu.
La sala penal resolvió que los agentes sean sometidos a un nuevo proceso al considerar que actuaron en cumplimiento del deber y que su acción era necesaria.
La resolución será apelada por la fiscalía de Sao Paulo.
"Vamos a apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia. La demora en el cumplimiento de las penas ya se extiende por años pero no podemos desistir de buscar que se apliquen", señaló a la AFP Sandra Jardim, procuradora de justicia de Sao Paulo.
"Es una decisión que recibimos con perplejidad, porque aún cuando haya dos versiones de los hechos, el juicio ya había decidido por una de ellas y eso debería ser mantenido", añadió.
La matanza ocurrió cuando se desplegó un vasto operativo policial para contener una riña entre presos que desembocó en rebelión generalizada en este presidio, que por entonces era el mayor de América Latina con unos 8.000 internos.
Según la acusación los presos fueron ejecutados, mientras que de acuerdo a la contraparte los policías dispararon en legítima defensa, amenazados y agredidos por los prisioneros amotinados.
Aparte de los 111 presos muertos, 87 resultaron heridos.
Por el lado de los agentes, ninguno falleció ni sufrió contusiones.
Esos hechos inspiraron la película Carandirú (2003) del argentino-brasileño Hector Babenco.
Hasta el inicio del juicio sólo había sido procesado el coronel que comandó la operación, Ubiratan Guimarães, que en 2001 fue condenado a 632 años de prisión por las muertes, pero apeló más tarde y fue absuelto. Guimaraes fue hallado muerto en su apartamento en 2006.
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