La comisión estará presidida por el senagalés Bacre Ndiaye, quien entre otras cosas ha sido relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias con misiones a la antigua Yugoslavia o Ruanda en los años 1990.
Por su parte, el canadiense Luc Côté es abogado de derecho penal desde hace 30 años y ha asesorado tanto al Tribunal Penal Internacional para Ruanda como al Tribunal Especial para Sierra Leona, además de dirigir en 2006 la comisión de investigación independiente sobre Timor Oriental.
La comisión la completa la mauritana Fatimata M'Baye, vicepresidenta de la Federación Internacional para los Derechos Humanos Rights (FIDH). M'Baye participó en la comisión de investigación en Costa de Marfil en 2004 y en la de República Centroafricana en 2014.
Con su nombramiento, Zeid cumple con la resolución aprobada el pasado 22 de junio por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que expresó su preocupación por "una ola de violencia, graves abusos y violaciones de los Derechos Humanos, y violaciones del Derecho Internacional Humanitario" en la región de Kasai, en el sur de RDC.
Como consecuencia de ello, el Consejo encomendó la designación de una comisión de expertos para "recabar y presentar información, determinar los hechos y circunstancias de acuerdo con los estándares y prácticas internacionales".
Más de 3.000 personas han muerto en el conflicto que estalló el pasado mes de agosto y que enfrenta a la milicia Kamuina Nsapu con las fuerzas del Gobierno de Joseph Kabila. La ONU ha acusado a los milicianos, entre otras cosas, de reclutar a menores, mientras que las fuerzas gubernamentales han sido criticadas por su respuesta excesiva y acusadas de matar a civiles.
Este martes, la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU para el país africano señaló directamente al Ejército por su presunta responsabilidad en las "42 fosas comunes" que se han localizado hasta el 30 de junio en las tres provincias que componen Kasai.
"La mayor parte habrían sido cavadas por elementos de las Fuerzas Armadas después de enfrentamientos con supuestos milicianos" del grupo Kamuina Nsapu, recoge el informe. Naciones Unidas confirmó este mes otras 38 posibles fosas más, lo que elevaría el número total a 80.
Asimismo, la oficina de la ONU denunció nuevamente "represión brutal y desproporcionada" de las fuerzas gubernamentales, a las que responsabiliza de 428 muertes, entre ellas las de 140 niños. No obstante, también advirtió de que las cifras reales de víctimas podrían ser "mucho más elevadas".
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