En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que Marcos Ojeda ha indicado que fue en varias ocasiones a la notaría con su padre y firmó dicho apoderamiento, aunque ha precisado que desconocía de qué empresas del exconsejero era apoderado y que fue con motivo de su detención en agosto de 2015 cuando se enteró de que era representante de algunas de las sociedades investigadas, entre ellas Humanitas, Inteca y Natura.
En su declaración ante la juez Núñez, que le atribuye presuntos delitos de fraude en subvenciones y malversación de caudales públicos, Marcos Ojeda ha puesto de manifiesto que su padre le incluyó como apoderado en algunas de sus sociedades porque temía sufrir un accidente y estar dos o tres meses hospitalizado, lo que podría "bloquear" las cuentas si no había una persona que fuera apoderada.
NO VIO "NINGUNA ILEGALIDAD"
Asimismo, Marcos Ojeda, de 31 años de edad, ha declarado que trabajó en el departamento de Comunicación del Grupo Prescal durante un mes y medio en el año 2005 y varios meses más entre los años 2009 y 2010, pero ha aseverado que durante ese tiempo "no vio ninguna ilegalidad ni nada anormal".
Para este martes, la juez también había citado como investigado a Francisco Aragón Odero, aunque dicha comparecencia ha sido suspendida 'sine die' al no estar convenientemente citado.
El exconsejero de Hacienda, de su lado, comparecerá ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla el próximo día 24 de mayo para declarar como investigado en el marco de la pieza relativa a su entramado empresarial.
En esta pieza, además de la actuación de Ángel Ojeda, se investigan la de otras 13 personas, entre ellas al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que está citado el 10 de mayo.
El día 11 de abril, Ángel Ojeda compareció en la comisión de investigación en el Parlamento sobre el fraude a las ayudas de la formación, donde indicó que, "sin querer señalar a nadie", existe una "coincidencia" entre el centenar de detenciones por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Operación EDU Costa, --la vinculada con los cursos de formación--, y la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía tan solo un mes después, sumándose otro centenar de detenciones en la Operación EDU Centro, "en plena campaña".
Asimismo, Ojeda defendió que todo lo que ha hecho en su vida ha sido "legal", llegando a definirse como un ciudadano "casi ejemplar", y denunció que tras su detención por la Policía fue tratado "como si de un terrorista o un narcotraficante se tratase" y que durante los últimos 18 meses ha sido víctima de una campaña de "difamación brutal".
NUEVE PIEZAS
El pasado 21 de diciembre, la juez dividió la causa en nueve piezas, tres de ellas relativas a los entramados empresariales vinculados al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, el exvicesecretario del PSOE-A Rafael Velasco Sierra y José María Pérez González, y otras cuatro centradas en otros tantos consorcios públicos de formación de la Junta, como son Ciomijas, Formades, Forman y CTI.
De igual modo, la instructora ha dividido el caso en una octava pieza vinculada a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), mientras que la novena y última pieza se centrará en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que está relacionado con la operación 'Barrado' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y dirigida por la juez Mercedes Alaya.
En la pieza relativa al entramado empresarial vinculado a Ángel Ojeda, se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas todas en el Grupo Prescal que habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación "a través de las asociaciones controladas por él, denominadas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura, otorgadas el 10 de agosto de 2009 y 3 de diciembre de 2010".
La juez dice que existen indicios de que "buena parte de los fondos percibidos para la realización de cursos en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas" al exconsejero, "en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento".
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