Ombudsman de México denuncia que el gobierno no atiende casos de desplazamiento forzado

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) denunció este miércoles que la violencia del crimen organizado ha causado masivos desplazamientos forzados al interior del país, y lamentó que este fenómeno esté mal documentado y no figure en la agenda del gobierno.

La CNDH reprobó que "no hay postura uniforme del Estado mexicano" respecto al desplazamiento forzado, pues "no forma parte de la agenda pública".

Los estados más afectados son Chiapas (sureste), Guerrero (sur), Tamaulipas (noreste), Michoacán, Jalisco (oeste) y Sinaloa (noroeste), dijo en conferencia de prensa el presidente de la comisión, Luis Raúl González, al reconocer que las cifras disponibles "no permiten formular una proyección válida" sobre el número de casos.

En su informe, el primero sobre desplazamiento forzado interno que emite un organismo vinculado al gobierno, la CNDH documentó 1.784 casos, y recibió información de algunas autoridades estatales y municipales que dan cuenta de 35.433.

Sin embargo, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) aseguró en un informe del año pasado que México tiene un total de 281.400 desplazados internos.

"La violencia, la inseguridad, la impunidad y en términos generales la debilidad de nuestro Estado de Derecho y la falta de condiciones adecuadas para el desarrollo de las personas han propiciado que en diversas regiones del país un número considerable de mexicanos abandone sus lugares habituales de residencia", aseguró González.

Según el Ombudsman, esta gente huye "para buscar no sólo mejores condiciones de subsistencia, sino muchas veces cuestiones tan básicas como preservar su vida o integridad física", y con frecuencia se vulneran sus derechos a la circulación, la residencia, la alimentación, la salud, el trabajo y la educación.

En su informe, la comisión pidió realizar un censo que determine el número exacto de personas que se desplazaron de forma forzada, crear una política pública dirigida a proteger los derechos de los desplazados y formular protocolos de atención que sean seguidos por las autoridades de todos los niveles.

El gobierno de México lanzó en 2006 un combate militarizado contra el narcotráfico y el crimen organizado. Esto ocasionó una ola de violencia que, junto con las pugnas entre cárteles, ha dejado más de 100.000 muertos y desaparecidos.