Uscátegui solicitó el pasado enero adherirse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que le obliga a aportar toda la verdad de los hechos para poder beneficiarse de penas que van desde los cinco años de trabajos para la comunidad a los 20 años de prisión.
El antiguo general fue condenado a 37 años de cárcel por la matanza perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en el municipio de Mapiripán por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en connivencia con las fuerzas colombianas, según determinó posteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Uscátegi fue sentenciado por incumplir su deber de proteger a la población civil como general a cargo de las tropas desplegadas en la zona. Su rango fue determinante para que le declararan culpable, algo que, en cambio, podría jugar a su favor en la JEP, donde se endurecen los requisitos para considerar que hubo cadena de mando.
El ex militar insiste en que es inocente, una declaración que la JEP podría interpretar como una negativa a aportar verdad y que le conduciría a una condena de 20 años de cárcel, 17 menos de los que obtuvo con la justicia ordinaria. "El caso de mi papá será la prueba ácida de la JEP", ha llegado a decir su hijo José Jaime, según informa la prensa local.
Uscátegui es el primer militar de alto rango admitido en la JEP. El pasado abril, ya entraron el cabo Elvin Andrés Caro Mesa, condenado a 31 años de cárcel por un 'falso positivo', y el soldado Luis Emiro Sierra Padilla, que recibió la misma pena por la ejecución extrajudicial de un delincuente común.
JUSTICIA TRANSICIONAL
La JEP, según la ha definido el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, es "el sistema que permitirá aplicar la Justicia a quienes cometieron delitos con ocasión del conflicto armado y, al mismo tiempo, hacer la transición de la sociedad colombiana hacia la paz".
La justicia transicional se aplicará a todos los responsables de los crímenes cometidos con motivo de la guerra, tanto guerrilleros como agentes del Estado y terceros colaboradores, si bien a los dos primeros se les concederá un trato "diferenciado", aunque "equitativo".
Solo se implementará respecto a "los crímenes más graves", incluidos los internacionales --crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio--, que, conforme a las normas internacionales, no pueden ser amnistiados en ningún caso.
La JEP idea un sistema de sanciones que permitirá a los acusados obtener penas más ventajosas, lo que ha llevado al sector crítico, abanderado por el ex presidente Álvaro Uribe, a denunciar "impunidad". Santos, se ha ocupado una vez más de desmentirlo. "Es una jurisdicción con sanciones efectivas, sin impunidad, repito, sin impunidad", ha recalcado.
CORAZÓN DEL ACUERDO
La justicia transicional, junto a la participación política, son el "corazón" del acuerdo de paz suscrito por el Gobierno y las FARC el pasado 24 de noviembre, pero también los principales objetos de crítica del 'uribismo' y sus aliados.
Uribe y su partido político, Centro Democrático, pretenden modificar estos dos puntos si ganan las elecciones presidenciales y legislativas de 2018, algo que --ya han advertido las partes-- supondría tumbar el acuerdo de paz.
El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, alertaba en una reciente entrevista con Europa Press de que, sin estos dos pilares, "se derrumba todo el acuerdo de paz" y resurge la posibilidad --ahora lejana-- de que las FARC vuelvan a empuñar las armas.
"Por ningún motivo se puede afectar la participación política, esencia del acuerdo de paz", ha dicho el jefe negociador de las FARC, 'Iván Márquez'. "Su modificación es como una puñalada en el corazón", ha enfatizado el líder insurgente.
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