En un comunicado conjunto este lunes, afirman que no tiene "ningún tipo de fundamento jurídico" y recuerdan que a los nueve se les atribuye la falta de irregularidad contable por malversación de fondos públicos a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Supremo (TS) desestimaron este delito en los juicios del 9N contra Mas, Ortega, Rigau y Homs.
Consideran que la decisión del Tribunal de Cuentas intenta "intimidar, en el marco de la campaña del miedo que comanda el Estado español".
Para ellos, es una "operación de abuso del Estado y de desviación de poder", y por eso confían en que no se quedarán solos y en que les seguirán apoyando los más de dos millones de votantes del 9N.
"Juntos sabremos plantar cara a las malas artes y a una de las peores caras del Estado español", añaden.
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