Las defensas de la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y de la exconsellera Irene Rigau han alegado ante el Tribunal Supremo (TS) que la condena que se les impuso por organizar la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 es "política e ideológica", en unos escritos a los que ha tenido acceso Europa Press.
El TSJC condenó recientemente al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, a dos años de inhabilitación para cargo público; a Ortega a un año y nueve meses, y a Rigau a un año y seis meses, además de imponerles multas de hasta 36.500 euros.
Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, los abogados de Mas tienen previsto presentar la semana que viene su recurso de casación ante el Supremo, algo que ya han hecho los letrados de Ortega y Rigau, que consideran la sentencia del TSJC ideológica y política.
En sendos recursos de casación, presentados este viernes ante el Supremo, los abogados Rafael Entrena y Jordi Pina --de Ortega y Rigau, respectivamente-- recuerdan que hay numerosos precedentes de altos cargos que no cumplieron mandatos del Tribunal Constitucional (TC) y no se les investigó por ello.
"En el pasado, tanto el Gobierno español como tribunales de justicia o la propia Fiscalía, en situaciones bien diversas, han hecho caso omiso del contenido de resoluciones del Tribunal Constitucional", recuerda el abogado de Rigau en su escrito.
Incide en que ninguno de estos casos acabó en los tribunales penales; de ahí que considere que en el caso del 9N hay "un trato absolutamente novedoso, excepcional, diferenciado, que solamente parece poder explicarse por la ideología política".
En la misma línea, el abogado de Rigau sostiene que "dicho trato discriminatorio solo encuentra sentido en la voluntad de atacar una ideología política y atajar el movimiento que reivindica el derecho del pueblo de Catalunya a decidir sobre su futuro".
Entrena incide también en que el TSJC forzó la letra y el espíritu de la ley "con la finalidad de dictar una sentencia pretendidamente ejemplarizante y cauterizadora de una actuación estrictamente política".
Los abogados insisten en que la sentencia --que los absolvió de prevaricación, pero los condenó por desobediencia, en el caso de Ortega y Rigau como colaboradores de Mas-- vulneró su derecho a la libertad de expresión y el derecho a participar en asuntos públicos, por castigarse penalmente una actuación estrictamente política.
OTROS ARGUMENTOS
También sostienen que se vulneró el principio de legalidad por no tener en cuenta la reforma que destipificó el delito de referéndums ilegales y por aplicar retroactivamente la reforma de la Ley Orgánica del TC, en relación con la ejecución de sus sentencias.
La defensa de Ortega ha solicitado también disminuir el plazo de condena de la inhabilitación y que se limite a cargos electos y de gobierno y autonómicos, para que la condena no afecte a la posibilidad de participar en elecciones municipales.
Ortega ha llegado a decir en varias declaraciones públicas que su gran sueño era ser alcaldesa de Barcelona.
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