EL PARLAMENTO DE CATALUÑA ES EL MÁS CARO DE ESPAÑA, SEGÚN CONVIVENCIA CÍVICA

El Parlamento autonómico de Cataluña es el más caro de todas las comunidades autónomas, según un estudio realizado por Convivencia Cívica Catalana.
Este colectivo informó este miércoles de que el Paralamento catalán cuenta con un presupuesto que asciende a 51,9 millones de euros, seguido por el de Andalucía (39,9 millones de euros) y el País Vasco (33,1 millones de euros).
El coste medio por parlamentario resulta, según este estudio de Convivencia Cívica, más caro en la cámara catalana que en el resto de parlamentos autonómicos e incluso que en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Esta cifra se obtiene del resultado de dividir el coste de personal entre el número de parlamentarios.
Así, en el Parlamento catalán este gasto asciende hasta los 188.000 euros anuales, un 82% más elevado que el coste por parlamentario del Congreso de los Diputados (103.090 euros) y más del doble que el del Senado (87.170 euros).
SUBVENCIONES A PARTIDOS MÁS ELEVADAS
En cuanto a las subvenciones a los grupos políticos, es decir, las cantidades que cada cámara reparte entre los partidos políticos que la integran y que están sujetas a la discrecionalidad de cada parlamento, también destaca el Parlamento catalán.
La cámara catalana paga a los grupos políticos 117.320 euros por cada parlamentario, casi el triple que el resto de parlamentos autonómicos (46.950 euros). De hecho, ha repartido en 2016 entre los grupos parlamentarios 15,8 millones de euros, casi tanto como el Congreso de los Diputados (9,.3 millones) y el Senado (6,.8 millones) juntos.
En concreto, el grupo de 62 diputados de Junts Pel Sí ha recibido en 2016 una subvención superior a 7 millones de euros del parlamento catalán.
Se trata de una subvención más elevada, por ejemplo, que las recibidas por los 285 diputados de PP, PSOE y Podemos, conjuntamente, del Congreso de los Diputados.
En relación con todos estos datos, Convivencia Cívica Catalana indicó que considera necesario “introducir racionalidad, transparencia y control en el coste de las cámaras autonómicas”.
A este colectivo no le parece “razonable que parlamentos autonómicos gasten por diputado más que un parlamento estatal, cuyo ámbito de gestión y responsabilidad es notoriamente más amplio o que las retribuciones de diputados autonómicos sean significativamente más elevadas que las de sus homólogos a nivel nacional”.
Respecto a las polémicas subvenciones a los grupos parlamentarios de las cámaras autonómicas, Convivencia Cívica propuso limitar su cuantía de tal forma que no superen las del Parlamento Nacional,; fiscalizarlas de tal forma que se asegure que van destinadas al desarrollo de la actividad parlamentaria, y por último unificar los criterios de su concesión y permita su examen contable por parte del Tribunal de Cuentas.