PP-A reclama a Junta un programa de ayudas y asistencia a presos andaluces en el extranjero en situaciones de riesgo

Así se recoge en una proposición no de Ley que el PP-A defenderá en el Parlamento, en la que se recoge que la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, en sus funciones de superior coordinación, promueva la definición de un programa de ayudas y asistencia para personas privadas de libertad en el extranjero bajo situaciones de riesgo, en colaboración con las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales y de Justicia e Interior.

El PP-A señala que, según datos aportados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a fecha 30 de diciembre de 2014, 1.735 ciudadanos de nacionalidad española se encontraban privados de libertad en el extranjero, mientras que varias asociaciones de familiares sitúan esa cifra en torno a unas 1.500 personas en la actualidad, de las cuales 260 serían andaluces.

Con independencia de la diversa casuística y de la historia personal de cada uno de esos andaluces, todos los estudios e informes coinciden en señalar que la gran mayoría de estas personas sufren gravísimas condiciones de estancia durante los periodos de privación de su libertad, según el PP-A.

En este sentido, considera que Andalucía, inserta en un Estado democrático avanzado, garantista y respetuoso de los derechos del ciudadano, tiene "la obligación moral y la capacidad económica suficiente para actuar de forma equitativa y ponderada, garantizando un trato común y justo, con el objeto de mitigar, en lo posible, las consecuencias negativas que pueden derivarse de la privación de libertad a andaluces en países cuya política penitenciaria dista mucho de respetar los derechos humanos más fundamentales".

Para el PP-A, el coste de tales ayudas no supondría menoscabo alguno para las cuentas de la comunidad, al tratarse de un colectivo muy pequeño, no más de 300 casos, y ha considerado difícilmente explicable que en Andalucía no existan ayudas o apoyos específicos a personas que cumplen condena en prisiones del extranjero.

En su opinión, resulta apropiado, moralmente obligado y económicamente posible que la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, en sus funciones de superior coordinación, y en colaboración con las consejerías de Igualdad y Política Social y de Justicia e Interior, promueva la definición de un programa de ayudas y asistencia para personas privadas de libertad en el extranjero bajo situaciones de grave riesgo.