En un auto dictado el pasado día 15 de marzo, consultado por Europa Press, la juez archivó la causa contra estas 12 personas atendiendo así la petición de archivo realizada por la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2015 y los razonamientos expuestos por la Audiencia Provincial de Sevilla en el auto de 9 de marzo de 2016 donde declaró prescritos los delitos de malversación y prevaricación que Alaya imputó a dos beneficiarios de sendas ayudas a entidades de la Sierra Norte.
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A pone de manifiesto que dicho pronunciamiento de la juez instructora "no es en parte ajustado a derecho", pues en el caso de Miguel Ángel Sáenz Fernández el auto "se refiere solo" a la ayuda concedida a la empresa El Olivar de los Infantes por importe de 150.252 euros, pagada el 9 de marzo de 2003.
El PP-A recuerda que, sin embargo, el quinto informe adicional de la Intervención General de la Administración del Estado, cuando analiza las ayudas concedidas a esta empresa, "incluye otra ayuda de 90.000 euros abonada el 10 de noviembre de 2003 mediante endoso a la Caja San Fernando".
Por ello, el PP-A entiende en este recurso consultado por Europa Press que el auto debe ser reformado, "declarando responsable civil directo a la empresa El Olivar de los Infantes por la ayuda de 150.252 euros pagada el 9 de marzo de 2003 y por la ayuda de 90.000 euros pagada el 10 de noviembre de 2003".
DELITO CONTINUADO
Respecto de Joaquín Llano Heredia, el PP-A asevera que el auto impugnado declara la prescripción de los delitos de prevaricación y malversación imputados a esta persona por la ayuda percibida por su empresa Refractarios y Derivados pagada el 5 de diciembre de 2001 por importe de 150.253,03 euros.
El PP-A agrega que, sin embargo, consta en las actuaciones que Joaquín Llano Heredia "es administrador de Vivir el Barro S.L., que recibió una ayuda el 16 de febrero de 2004 por importe de 721.215 euros, instrumentalizada mediante convenio de la misma fecha que fue pagado entre el 14 de febrero de 2005 al 8 de mayo de 2006", señalando que dicho convenio "se firmó bajo el expositivo de recolocar a 18 trabajadores que perdieron su empleo" en Refractarios y Derivados.
De este modo, el PP-A entiende que a Joaquín Llano Heredia "se le deben imputar tales hechos que no se encuentran prescritos", ya que, "tratándose por tanto de un delito continuado, el plazo para el cómputo de la prescripción, que ya sería de 15 años, comenzaría el 8 de mayo de 2006", por lo que pide a la juez que modifique el auto y deje sin efecto los pronunciamiento referidos a este investigado.
Por último, y en relación a Beatriz Pérez Martín, el PP-A recuerda que la juez ha declarado prescritos los delitos de prevaricación y malversación que se le imputaban por su participación en la ayuda concedida a su empresa Producciones Barataria, cuyo último pago fue el 7 de julio de 2004 y ascendió a 210.354,24 euros.
"COMISIÓN ILÍCITA"
En este sentido, el PP-A dice que, del análisis de la documentación aportada por la Agencia Tributaria, "hemos podido comprobar que en el ejercicio 2007 se han producido pagos de Producciones Barataria a Andalucine por un importe de 12.424,33 euros" y que "en el mismo ejercicio se han producido pagos de Andalucine a Maginae Solutions por importe de 12.017 euros".
"No nos consta que estos hechos hayan sido investigados" por la Guardia Civil "por si dicha cantidad fuese un pago o comisión ilícita exigida" por el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, "a través de Maginae Solutions, a Beatriz Pérez, por la consecución de la ayuda de 210.354,24 euros pagada el 14 de abril y el 7 de julio de 2004", dice el PP-A, que asevera que, "de ser cierta dicha hipótesis, al tratarse de delitos conexos, el plazo de prescripción comenzaría el día del pago de la comisión ilícita en el año 2007".
Por ello, el PP-A reclama a la juez que reforme el auto y deje sin efecto los pronunciamientos respecto de Beatriz Pérez, ordenando a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "la urgente investigación de dichos pagos y el inmediato esclarecimiento de los hechos".
Se trata de los primeros archivos por prescripción que se decretan en el caso ERE, cuya instrucción comenzó la juez Alaya en enero de 2011 y que acumula cerca de 300 personas investigadas, entre ellas los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
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