PP y Caballas mantienen en sus cargos a los diputados investigados en Ceuta pese a la presión del resto de partidos

El Consejo Político de la Coalición Caballas, el segundo grupo de la oposición en la Asamblea de Ceuta, ha acordado en una reunión extraordinaria que ha finalizado cerca de la medianoche de este martes no exigir a su coordinador orgánico y portavoz en la Cámara autonómica, Mohamed Ali, que abandone sus responsabilidades políticas después de que la semana pasada fuese detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos por la jueza que instruye bajo secreto de sumario una causa por los presuntos delitos de malversación, falsedad documental, prevaricación, cohecho e integración en banda criminal en relación con la adjudicación de viviendas protegidas en la ciudad autónoma.

"Caballas ha defendido y sigue haciéndolo que los cargos públicos que sean acusados de delitos de corrupción con indicios suficientes, no necesariamente pruebas, deben dimitir pero el secreto de sumario nos impide tener elementos de juicio suficientes para valorar en su justa medida las actuaciones de Mohamed Alí que, supuestamente, implican conductas ilícitas, por lo que", ha resumido su posición este martes, "sería una irresponsabilidad hacia el propio partido y hacia nuestros electores destituir a quien ellos votaron sin conocer siquiera los hechos por los que se le acusa".

El presidente del Gobierno de Ceuta y del PP ceutí, Juan Vivas, se ha desplazado a Madrid para abordar este martes con responsables de la Dirección Nacional que lidera Mariano Rajoy la situación de sus dos consejeras en la misma situación procesal que Ali, que puso a disposición de su partido todos sus cargos nada más salir de los Juzgados.

Tanto el Ejecutivo autonómico como el partido han rechazado hasta ahora las dimisiones de su portavoz en la Asamblea y consejera de Hacienda, Susana Román, y de su homóloga de Educación, Rabea Mohamed, porque mantienen su "plena confianza" en "la inocencia, la honradez y el buen trabajo" de ambas, sobre las que "pesan cargos provisionales que son susceptibles de cambiar durante la fase de instrucción", según ha subrayado la titular de Presidencia, Mabel Deu.

Las demás fuerzas políticas representativas, tanto PSOE, MDyC y Ciudadanos (Cs), que tienen representación institucional en la Asamblea, como Podemos, aliado permanente de Caballas en las últimas elecciones, mantienen viva su exigencia de que Vivas "aparte de sus cargos públicos" a las dos consejeras y de que Ali renuncie a los suyos. La formación morada incluso ha amenazado con "cambiar" su relación con el partido de este último si no dimite.

Los líderes de los tres grupos parlamentarios de la oposición que exigen dimisiones han boicoteado este lunes una reunión de la Junta de Portavoces y Cs ha anunciado que también instará a su estructura nacional a "hacer cumplir" al PP su acuerdo para la investidura de Rajoy, que prescribe "separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial".

El portavoz accidental de Caballas y también diputado autonómico, Juan Luis Aróstegui, ha asegurado en declaraciones a los medios que "ni Caballas ni Ali están siendo investigados por ningún caso de corrupción política o compraventa de viviendas públicas" y ha lamentado que el secreto de sumario vigente desde hace casi un año y medio y los apercibimientos de consecuencias penales cursados sobre los investigados "nos impiden dar ninguna explicación añadida".

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ordenó durante la semana pasada a la Udyco de Ceuta detener a doce personas: a los tres diputados, a cinco trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa), a un policía portuario, a un empleado de otra sociedad municipal, a otro individuo sin vínculo laboral con la Administración y al ex viceconsejero del PP y ex gerente de Emvicesa, Antonio López.

Los cuatro últimos permanecen en prisión condicional sin fianza, mientras que los empleados de Emvicesa y los cargos públicos han sido puestos en libertad con cargos y siguen ocupando sus mismas responsabilidades profesionales y políticas, respectivamente. La operación policial continúa abierta para esclarecer cómo se adjudicaron las últimas promociones de viviendas protegidas en Ceuta y si, como han declarado algunas personas, se realizaron y recibieron pagos para asegurarse la condición de beneficiarios.