El PP ha advertido este martes de que la trama de las presuntas irregularidades y desvíos detectados en las subvenciones autonómicas para la formación profesional para el empleo ha ocasionado un "perjuicio económico" de aproximadamente 400 millones de euros para la provincia de Sevilla.
Los parlamentarios del PP Jaime Raynaud, Teresa Ruiz-Sillero y Miguel Ángel Torrico, junto al presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, han celebrado este martes una rueda de prensa en la sede provincial del PP sevillano, en torno a la propuesta del PP andaluz para las conclusiones de la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía, en torno a las irregularidades y desvíos detectados en las subvenciones autonómicas para la formación profesional para el empleo.
Las propuestas del PP, como se informó en su momento, pues la documentación fue registrada el 26 de septiembre, atribuyen "responsabilidad política" a 35 cargos o ex altos cargos de la Junta. Entre las personas señaladas por el PP, destacan la presidenta de la Junta, Susana Díaz; los expresidentes Griñán y Chaves; María Jesús Montero como consejera de Hacienda y Administración Pública; José Sánchez Maldonado como consejero de Empleo, Empresa y Comercio; los exconsejeros de Empleo Viera, Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio; el exconsejero de Educación Luciano Alonso; diez delegados provinciales de la Consejería de Empleo; seis personas que han ocupado el cargo de director de Formación Profesional para el Empleo, entre ellas Carlos Cañavate y Teresa Florido; un exdirector general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y ocho viceconsejeros de Empleo y gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), pasados y actuales.
MILLONES DE EUROS
En sus conclusiones, los populares señalan aspectos como la paralización de las políticas de formación profesional con la pérdida de transferencias para la materia por valor de 800 millones de euros, o la pérdida de 46,9 millones de euros de ayudas europeas a cuenta de la descertificación acometida por la Junta. Todo ello cuando según el PP, de los 2.996 millones de euros librados desde 2001 a la actualidad en materia de subvenciones autonómicas a la formación profesional para el empleo, 539 millones de euros siguen "sin justificar" y se ha solicitado el "reintegro" de unos 90 millones de euros al ser "comprobado" que este importe de ayudas autonómicas fue "gastado irregularmente", si bien hasta el momento la Administración andaluza sólo ha recuperado 7,6 millones de euros.
En ese sentido, los dirigentes populares han advertido de que todo ello se traduce, por lo que se refiere a la provincia de Sevilla, en un impacto de "400 millones de euros" en concepto de "perjuicio económico".
Según Ruiz Sillero, "este escándalo ha supuesto un grave perjuicio económico de 1.970 millones para Andalucía, de los que 400 millones pertenecerían a la provincia de Sevilla y a los sevillanos. Pero además de un perjuicio económico, esto ha producido un daño irreparable para los sevillanos desempleados que llevan cinco años sin formación para el empleo, cinco años en blanco para poder formarse".
"Pero además, se repartieron 101 millones de euros entre empresas vinculadas al PSOE para mantener su red clientelar. Sólo en la provincia de Sevilla, 12 empresas sevillanas vinculadas a cargos socialistas recibieron más de 18 millones de euros del dinero de los parados sevillanos". "Por ejemplo, recibieron ayudas de la formación la Fundación Lebrija Solidaria, vinculada a la alcaldesa y al portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento; --María José Fernández y José Muñoz, respectivamente--; la empresa Ecijana de Formación Integral ligada a exconcejales del PSOE en el Ayuntamiento de Ecija; Suyma Consultores SL, vinculada a Susana López, exconcejala socialista y exdelegada de empleo de Sevilla; Formación Integral para el empleo vinculada al hijo del exalcade de Lebrija; o la empresa IPGI Formación y consultoría SL vinculada al alcalde ecijano".
EL PAPEL DEL PSOE
La parlamentaria popular ha asegurado que "el PSOE sevillano se ha beneficiado del dinero público de estos cursos a través de los alquileres que recibía por sus sedes compartidas con UGT en los municipios de Lebrija, Mairena del Alcor, Osuna y Castilblanco de los Arroyos y Dos Hermanas", para cursos subvencionados por la Junta.
"Sevilla también se ha visto afectada por la parálisis del Consorcio de Formación de Artesanos de Gelves, con la que los trabajadores han estado tres años sin cobrar sus nóminas, y además se les ha privado a los sevillanos de esta formación para la artesanía en cerámica y madera", avisan los populares.
"Andalucía es la única comunidad que no ha tenido formación en unos años que además coinciden con los años de mayor tasa de paro, algo que no le importó a Susana Díaz que paralizó estos cursos para tratar de ocultar los fraudes que ella conocía. Y mientras el PSOE se preocupa por defender a sus altos cargos implicados en el fraude, el PP está defendiendo los intereses generales de todos los andaluces"
Ruiz Sillero, finalmente, ha afirmado que "lo que tiene que hacer Susana Díaz es pedir perdón a los andaluces por el perjuicio económico y por el daño irreparable a desempleados que ha provocado el fraude de la formación en Andalucía pero muy especialmente en la provincia de Sevilla".
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