Un abogado insinúa que el PP está detrás del "viacrucis" premeditado que han sufrido los acusados

La defensa de la exconsejera María Enedina Alvarez (PSOE) ha denunciado que los 65 exdirectivos y altos cargos de Caja Madrid y Bankia acusados por el uso de las tarjetas 'black' han sido sometidos a un "linchamiento" detrás del cual estaría "cierto partido político" --en referencia al Partido Popular-- "que quiere extender el axioma de que la corrupción es patrimonio de todos llegando a eliminar si fuera necesario a oponentes políticos".

Las defensas de seis encausados en el juicio por el uso presuntamente fraudulento de la tarjeta 'black' en Caja Madrid y Bankia han insistido este miércoles en el "viacrucis" que han sufrido sus clientes, los cuáles han sido sometidos a un "daño premeditado" con un "veredicto mediático" que les ha condenado antes incluso de que el tribunal de la Audiencia Nacional emita una resolución.

En el marco del juicio que previsiblemente mañana quedará visto para sentencia, Antonio Daza, letrado de María Enedina Alvarez, ha precisado que el daño que se ha hecho no podrá ser reparado ni con una sentencia absolutoria y se ha sumado a las denuncias hechas por los abogados que han expuesto sus conclusiones a excepción del letrado de Gerardo Díaz-Ferrán, que lo hará mañana. Tras él la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, dará el último turno de palabra a los altos cargos de la caja que se sientan en el banquillo de los acusados.

Las defensas de Ramón Ferraz, Manuel José Rodríguez, Rafael Eduardo Torres Posada, y Gabriel Moreno, han alegado que las acusaciones no han podido probar su culpabilidad ni la comisión de los delitos continuado de apropiación indebida y administración desleal que se les imputa. "Ningún gasto fue en beneficio propio", ha dicho al respecto el abogado de Torres Posada, exmiembro de la Comisión de Control a propuesta de UGT.

COMPORTAMIENTO LÍCITO

La defensa de Manuel José Rodríguez, ha agregado que las Visas eran retributorias y se ha remitido al nacimiento de este sistema el 24 de mayo de 1988 bajo la presidencia de Jaime Terceiro, quien prestó declaración en calidad de testigo y desmintió a los acusados afirmando que eran para gastos de representación y por lo tanto se solicitaban justificantes de los gastos efectuados.

Sin embargo los acusados dicen que cumplieron con las instrucciones de uso que se les dio de los plásticos, consistentes principalmente en no rebasar el límite mensual estipulado, y defienden la "licitud" de su comportamiento. "Nadie puso en duda o cuestionó la validez de las tarjetas que se entregaban de forma automatizada por el mero hecho de ser miembro del Consejo de Administración", ha agregado el abogado de Enedina.

"NO SE HAN UTILIZADO PARA FINANCIAR SINDICATOS"

Sobre la naturaleza de los gastos, han asegurado que eran "legítimos" y que fueron "rigurosos y contenidos", según los abogados de Rafael Eduardo Torres Posada y de Gabriel Moreno propuestos por los sindicatos UGT y CC.OO respectivamente y que cargaron a sus 'black' 82.381 y 20.490 euros. Además, ha aseverado que "nunca" han utilizado las tarjetas para financiar a los sindicatos.

En relación con la hoja Excel que aportó Bankia a la causa como prueba pericial y que recoge el desglose de gastos con importe total de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012, han argumentado que "no es válida por su valor probatorio" y no puede demostrar que se cometieran delito continuado de apropiación indebida y administración desleal.

La defensa de Jorge Rábago, que ha sido la última en exponer, ha afirmado que su cliente, que gastó un total de 8.366 euros con su 'black' hizo un uso exclusivamente relacionado con su trabajo en la caja extinta. "No llegan a 3.000 euros al año; merece total y directa exculpación y absolución en el proceso", ha afirmado añadiendo que no hubo ni un solo cargo a la Visa en los meses de agosto.

Los expresidentes de la caja Miguel Blesa, Rodrigo Rato y otros 63 altos cargos, entre ellos representantes políticos, sindicales y de la patronal, se enfrentan a penas de prisión que van de uno a seis años de cárcel en el juicio de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal que arrancó el pasado 26 de septiembre.