PRESUPUESTOS. GREENPEACE LAMENTA EL “HACHAZO” AL CAMBIO CLIMÁTICO, QUE CAE A NIVELES DE 2007

Greenpeace lamentó este miércoles el “hachazo” del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 al gasto en la lucha contra el cambio climático y la contaminación, que cae un 45,6% respecto al año pasado y retrocede a niveles de 2007.
De todos los apartados presupuestarios más directamente vinculados con el medio ambiente, el gasto para prevención de la contaminación y el cambio climático es el que experimenta el recorte más severo, con una partida para este año de 27,64 millones de euros, lo que representa un descenso del 45,6% respecto a los 50,85 millones de 2016.
Se trata de la cantidad más baja desde 2007, cuando se presupuestaron 9,5 millones de euros, y en un contexto en el que 196 Estados y la UE adoptaron en diciembre de 2016 el Acuerdo de París, que es el primer tratado universal contra el cambio climático, en vigor desde el pasado 4 de noviembre.
Para Greenpeace, estas cifras indican “la pérdida de prioridad” y “el desinterés” del Gobierno en la lucha contra el cambio climático, que es “el mayor problema que afronta la humanidad”, y suponen “una señal política muy negativa de falta de compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de París, justo cuando más se necesita mostrar fortaleza para resistir los ataques de la Administración Trump”.
“Con esta partida presupuestaria es muy difícil hacer frente al cambio climático y cumplir nuestro compromiso del Acuerdo de París y avanzar hacia un sistema eléctrico en 2030 basado prácticamente al completo en energías renovables”, declaró en un comunicado Tatiana Nuño, responsable de la Campaña de Cambio Climático de Greenpeace, quien añadió: "Con esta partida, la ley de cambio climático puede ser una mero guiño publicitario sin capacidad de reacción".
Otro de los puntos de las cuentas estatales que preocupan a Greenpeace es la disposición adicional que habilita al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a destinar el superávit de la tarifa eléctrica a pagar indemnizaciones a las eléctricas.
Para Greenpeace, se trata de "una excepción que contradice la ley en vigor", por la que el sobrante de la tarifa eléctrica, cuando se produzca, debe destinarse en primer lugar a enjugar el déficit acumulado que pagan los consumidores. “Vemos un ejemplo más de la política que favorece a las eléctricas y como venimos denunciando, aquí el que contamina cobra”, concluyó Nuño.