PRESUPUESTOS. MONTSERRAT DESTACA QUE LAS FAMILIAS Y LAS PERSONAS VULNERABLES SON LOS “VERDADEROS PROTAGONISTAS”

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, manifestó este martes en el Congreso de los Diputados que “las familias y las personas más vulnerables de nuestra sociedad son las verdaderas protagonistas de los Presupuestos Generales del Estado”.
Montserrat se expresó en estos términos durante el debate del proyecto de Ley de Presupuestos General del Estado para 2017 en el Pleno de la Cámara Baja, donde hizo hincapié en que “estamos ante los presupuestos más sociales de nuestra historia reciente”, en los que “seis de cada 10 euros se invierten en las necesidades de las personas”.
VIOLENCIA DE GÉNERO
La ministra comenzó su intervención expresando su “más profunda condena por el drama que hemos vivido este fin de semana”, en el que tres mujeres fueron asesinadas por violencia machista, y señaló que la lucha contra esta lacra “no puede ni debe ser afrontada en solitario por el Gobierno de España”, sino que “toda la sociedad debemos empoderarnos” e “intervenir con valentía y determinación”.
“No acepto que digan que la lucha contra la violencia de género solo se ha incrementado dos millones de euros porque es falso”, criticó Montserrat, que detalló que en este reto están implicados también los ministerios de Interior, Justicia, Empleo y Educación, acumulando un gasto total de “más de 266 millones de euros”, además del presupuesto dedicado por las comunidades autónomas.
Asimismo, expresó el compromiso de ofertar 129.700 plazas de personal sanitario en un plazo de tres años, de reducir la interinidad un 8% y de alcanzar una tasa de reposición del 100%, por lo que aseguró que “votar no a los Presupuestos Generales del Estado es votar no a ofertar 129.700 plazas”.
DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD
“El Gobierno tiene un compromiso inquebrantable con la dependencia”, expresó la ministra, quien explicó que, por ello, “se fortalece nuestro Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia con 102 millones de euros más que el año pasado”, y destacó la importancia de cuidar y sostener este Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia para hacer frente al reto demográfico del envejecimiento progresivo de la población.
Por último, sobre el presupuesto destinado a políticas de apoyo a las personas con discapacidad, Montserrat, que todavía no ha acudido a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso para explicar las líneas generales de actuación durante la presente legislatura, explicó que “cuenta con 9,2 millones de euros y está dirigido a mejorar sus condiciones educativas y laborales, implementar programas de accesibilidad universal como por ejemplo a través de la Fundación ONCE y avanzar en las nuevas tecnologías en accesibilidad hasta la vida independiente”.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
La diputada del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Sofía Fernández indicó que “estos presupuestos en materia de sanidad, de atención a la Dependencia, de servicios sociales e igualdad son de muerte y no son de vida”, en referencia a que, a su juicio, “no cuadran para dar dignidad a la vida de las personas”.
En este sentido, Fernández añadió que “a este ritmo de inversión tardaríamos 25 años en atender a todas las personas dependientes” e indicó que, en los últimos años, “murieron 126.000 personas sin recibir la prestación que tenían reconocida”.
Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Jesús María Fernández afirmó que con estos Presupuestos el Gobierno “deja en manos de las comunidades autónomas la responsabilidad de atender la sanidad y los servicios sociales y se desentiende de sus responsabilidades sobre la pobreza infantil, las personas con dependencia o discapacidad o la protección de los consumidores”.
Por último, pidió a la ministra que “no vuelva a hablarnos de Pacto de Estado por la Sanidad con esta actitud”, ya que, dijo, no se aceptó ninguna enmienda en esta materia, y denunció que el Gobierno ha abandonado “a las personas con discapacidad, con el objetivo de llegar al 4 de diciembre de 2017 para la accesibilidad universal, vetando nuestro fondo estatal de accesibilidad, dotado con un 1% del presupuesto de obra pública”.

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