PSOE exige a PP que dirija sus críticas sobre dependencia a Rajoy, "que no paga lo que corresponde"

  • Los socialistas critican que el Ejecutivo central "pone trabas para la aplicación de la ley"
EUROPA PRESS

El parlamentario andaluz del PSOE Francisco Vargas ha exigido este miércoles a los dirigentes del PP de Málaga que dirijan sus críticas sobre la Ley de Dependencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "que no paga lo que corresponde y pone trabas para la aplicación de esta ley".

Así, ha criticado que el Gobierno central "no está cumpliendo su compromiso" de cubrir el 50 por ciento de financiación de la atención a la dependencia, lo que conlleva una "vulneración de la ley", obligando a Andalucía a afrontar el 80 por ciento de la prestación, mientras que el Ejecutivo central lo hace con el 20 por ciento restante.

En este punto, Vargas ha valorado que, "a pesar de la falta de compromiso del Gobierno central", la apuesta de la Junta "ha permitido la incorporación al sistema de Dependencia desde marzo de 1.091 personas con un total de 1.432 prestaciones".

De igual modo, el parlamentario andaluz por Málaga ha criticado que la secretaria general del PP en Málaga, Patricia Navarro, "intente desviar la atención de los recortes y del ahogo financiero al que el Gobierno del PP somete a Andalucía".

Así, ha recordado, a través de un comunicado, que desde 2012 Andalucía "ha dejado de recibir" 625 millones de euros para la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, así como otros 16 millones por el pago de la teleasistencia avanzada. "Con sus recortes el Gobierno de Rajoy ha impedido la atención de unas 105.000 personas más en Andalucía", ha sostenido.

También Vargas ha acusado al PP de señalar a las comunidades autónomas, cuando son las que están asumiendo no sólo "la retirada brutal" de financiación Estatal, sino las que están haciendo frente a las trabas fijadas por el Gobierno central, tras la publicación del Real Decreto ley 20/2012.

Ha explicado que a raíz de "esta imposición Estatal" se ha llevado a cabo por parte del Gobierno del PP en España una batería de modificaciones en la ley, como fue la desaparición de niveles, el cambio en los baremos o el retraso del calendario inicial, propuesto por ley, para la incorporación del último grado de Dependencia a la atención en el sistema, afectando así a las personas dependientes con Grado uno o dependencia moderada.

"Fue el Gobierno del PP con ese decreto ley quien pospuso en tres años el reconocimiento al derecho de estas personas con dependencia moderada", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que "la hoja de ruta del PP con la Ley de Dependencia ha sido clara desde el principio: Lo anunció el entonces candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, en noviembre de 2011, quien aseguró que la dependencia no era viable".

"DERRIBO DEL ESTADO DE BIENESTAR"

Es más, ha asegurado que "con Rajoy, el Gobierno ha puesto en marcha el derribo del cuarto pilar del Estado del bienestar y la derogación de los derechos reconocidos a las personas más vulnerables".

Por otro lado, Vargas ha incidido en que, "pese a que las políticas del PP han supuesto en el conjunto de España la pérdida de 2.800 millones de euros en esta materia, así como la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras en el entorno familiar"; el Gobierno andaluz ha asumido "el esfuerzo" para que el Sistema de Atención a la Dependencia "cumpla los fines para los que fue creado en 2006: constituirse en el cuarto pilar del Estado del bienestar".

Por ello, ha continuado, la Junta "se ha visto obligada" a poner en marcha un Plan de refuerzo de la Dependencia que fue aprobado por Consejo de Gobierno en el mes de marzo "y que hasta la fecha ya ha permitido la incorporación de 9.000 personas al Sistema en Andalucía con 10.500 prestaciones".

En este sentido, ha apuntado que la estrategia andaluza para hacer frente "a la falta de compromiso" del Ejecutivo central, avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida y reducir los tiempos de respuesta, ha ofrecido desde el mes de marzo en la provincia de Málaga la incorporación a 1.091 personas con un total de 1.432 prestaciones.

"Con este Plan de medidas la Junta mantiene a pulmón su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad por su condición de dependencia. Para ello, con un presupuesto de 25 millones de euros, ya incluidos en las cuentas de la Junta para 2017, se permitirá este año incorporar a 76.400 personas, lo que supondrá a finales de este año la atención de 234.000 andaluces", ha subrayado.

Por otro lado, ha afirmado que en el presupuesto autonómico de 2017 se consignan 1.188 millones de euros, un 2,5 por ciento más que en 2016, para el desarrollo de esta norma, "cantidad similar a la que el Gobierno destina para toda España (1.250 millones)". En concreto, el compromiso del Gobierno andaluz es que el incremento continúe hasta alcanzar el diez por ciento acumulado a lo largo de la legislatura.

Vargas ha valorado que la aportación económica de la Junta ha permitido garantizar la estabilidad de 45.500 empleos desde la implantación del sistema --18.000 de ellos correspondientes a la ayuda a domicilio--.

En cuanto a la atención de las personas en situación de dependencia con Grado uno reconocido o dependencia moderada, ha señalado que, una vez más, la Junta "se adelanta para establecer una estrategia que beneficie a las personas dependientes".

Para ello, ha explicado, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través de un acuerdo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) refuerza la colaboración en este sentido, poniendo de relieve el papel fundamental que juegan las diputaciones y los ayuntamientos en la atención a las personas en situación de dependencia, "ya que hay que recordar que los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema a través de los servicios sociales comunitarios".

También el parlamentario ha subrayado que en Andalucía "se refuerzan" las medidas comprometidas en el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020, se potencia la utilización de la red de Centros de Participación Activa, tanto los gestionados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales como por las corporaciones locales, para los servicios de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia, garantizando así el acceso a los servicios de todas las personas independientemente del lugar de su residencia.

"En todo caso, en función de las circunstancias de cada persona, se propone la prestación más adecuada, contemplando todos los recursos que son viables según establece la normativa vigente, una Ley de Dependencia que en Andalucía se seguirá defendiendo a toda costa", ha concluido

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