En concreto, será la portavoz adjunta del Grupo Socialista Isabel Rodríguez la que interrogará por este asunto en la sesión de control al Gobierno a la 'número dos' del Ejecutivo que, como ministra de la Presidencia, es responsable de Patrimonio Nacional.
En mayo de 2016 un juez de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) ordenó desenterrar, identificar y entregar a su familia los restos de Manuel Lapeña Altabás y su hermano Antonio Ramiro, dos anarquistas
de Calatayud (Zaragoza) fusilados por miembros de la Falange en los primeros meses de la Guerra Civil y supuestamente inhumados en 1959 en un columbario del Valle de los Caídos.
Tras intentarlo por la vía penal y la contencioso administrativa los familiares de los fusilados lograron por la vía civil que un juzgado reconociera el "el derecho a la digna sepultura" de los dos hermanos.
PROMETIERON CUMPLIR CUANDO FUERA FIRME
Patrimonio Nacional, de quien depende el Valle de los Caídos, aseguró entonces que daría cumplimiento a la sentencia en cuanto fuera firme, aunque finalmente nadie la recurrió. Después Patrimonio solicitó sendos informes al Consejo Médico Forense y otro al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, en Zaragoza, para estudiar el estado de las galerías.
La familia de los anarquistas demandó a Patrimonio por obstaculizar las exhumaciones y en estos días ha denunciado que también los monjes benedictinos que custodian la Basílica están poniendo trabas y que, a punto de cumplirse un año desde que se dictó la sentencia, Patrimonio continúa sin autorizarlas.
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