El PSOE entiende que el cambio en el objetivo de déficit de 2016 debe ser ratificado por el Congreso

Según recuerdan fuentes parlamentarias socialistas, cada año el Pleno de la Cámara Baja aprueba, justo antes del verano, el acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para un periodo de tres años, documento conocido como Programa de Estabilidad, que luego se remite a Bruselas.

Este debate se produce al mismo tiempo que el del techo de gasto para el presupuesto anual, y una vez que tanto la Comisión Europea (CE) como el Consejo Europeo han sido informadas de los compromisos de estabilidad presupuestaria, en mayo y junio respectivamente.

Con la aprobación del documento, el Congreso respalda los objetivos de déficit para tres años y el reparto vertical de dichos objetivos entre las diferentes administraciones públicas, que previamente ha sido pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

UNA SENTENCIA DEL SUPREMO EXIGE EFICACIA JURÍDICA

Así, el PSOE considera que cualquier modificación que sufra un acuerdo que ha sido ratificado por la Cámara Baja debe ser sometido también a debate parlamentario, y apela en este sentido a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de principios de abril con la que se anula el reparto del objetivo de estabilidad presupuestaria entre las comunidades autónomas en 2013 porque no pasó por Cortes Generales y, por tanto, carece de eficacia jurídica.

Por eso, esperarán a que la Comisión presente sus previsiones económicas actualizadas (la semana que viene) y a que el Consejo Europeo emita su dictamen sobre el Programa de Estabilidad en su cumbre del 28 y 29 de junio, para solicitar el debate en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Sin embargo, para entonces las Cortes no se habrán constituido todavía --tras las elecciones del 26 de junio, se prevé que la conformación del Parlamento tenga lugar hacia el 20 de julio--, pero aún estará activa la Diputación Permanente del actual Congreso, que aguanta hasta el último día.

Por ello, el PSOE estudiará las posibilidades legales que tiene para reclamar este debate, y también las consecuencias de un eventual rechazo de la Cámara a un Programa de Estabilidad que ya ha sido ratificado por el Ejecutivo comunitario.