El juicio arrancó a las 11,00 horas, pese a que las defensas solicitaron previamente su aplazamiento por la ausencia del juez titular, Edgar Fernández Closs, que se encuentra de baja por enfermedad. El fiscal de Lugo no se opuso a esta solicitud de suspensión, pero los argumentos esgrimidos por las defensas y las dudas de la Fiscalía no fueron suficientes para suspender temporalmente el juicio, por entender que puede continuar a través de la figura del juez suplente.
De este modo, comenzó la celebración del juicio, que quedó suspendido poco antes de las 15,00 horas, quedando pendientes las preguntas de la acusación y del abogado.
Esta operación sienta en el banquillo a ocho acusados por su participación en adjudicaciones de contratación de obras y servicios públicos a empresas sin seguir, supuestamente, los procedimientos establecidos, entre ellos el exalcalde Juan José Díaz Valiño y el actual teniente de alcalde, Roberto Lorenzo (antes de Terra Galega y ahora edil del PP), que es el único acusado que se sienta en el banquillo en su condición de concejal.
PETICIÓN DE NULIDAD
Una vez deliberada esta cuestión durante 20 minutos, arrancó el juicio con las intervenciones de los abogados de las defensas, que coincidieron al pedir la nulidad del procedimiento, básicamente en torno a tres argumentos: la "vulneración" del derecho a la defensa, la "imparcialidad" de la jueza que inició la investigación --Estela San José-- ante el exalcalde de Castro de Rei, y la "vulneración" del derecho al secreto de comunicaciones, en relación a las escuchas telefónicas. Los argumentos en torno a estos tres ejes que esgrimieron las defensas de los acusados fueron rebatidos uno por uno por la Fiscalía.
En esta causa se investigan supuestos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento público, tráfico de influencias y cohecho en el año 2008, durante el mandato de Juan José Díaz Valiño en el Ayuntamiento de Rei.
Valiño está acusado por un delito continuado de prevaricación administrativa, falsedad en documento público, tráfico de influencias por funcionario público y delito continuado de cohecho, por lo que le piden en total cuatro años y diez meses de prisión, 16,5 años de inhabilitación y multas que suman 77.320 euros.
Al que era teniente de alcalde y que continúa como edil, Roberto Lorenzo, que continúa ejerciendo estas funciones en Castro de Rei, se le acusa de un delito continuado de prevaricación administrativa, para lo que piden nueve años de inhabilitación para cargo y empleo público. El mismo delito y la misma pena también se pide para los exconcejales Antonio Balado y Ana María Canto.
OTROS ACUSADOS
La secretaria municipal María José F.L. está acusada de un delito de prevaricación urbanística, por el que le piden ocho años de inhabilitación; y otro de falsedad en documento público, por el que solicitan cuatro años de cárcel, cuatro de inhabilitación y una multa de 4.320 euros.
Además, está acusado un ingeniero de montes, Óscar L.E., como cooperador necesario en un delito de prevaricación adminitrativa, para quien siete años y medio de inhabilitación.
Por su parte, está también acusado el arquitecto Manuel C.V. y el empresario Manuel B., por supuestos delitos de tráfico de influencias cometido por particular, por lo que les piden diez meses de prisión y multa de 70.000 euros.
El exalcalde de Castro de Rei fue el único en pararse con la prensa a la entrada de la Audiencia Provincial de Lugo, para señalar que "por fin" les "van a permitir poder explicarnos".
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