PUERTOS DEL ESTADO ASUMIRÁ HASTA 350 MILLONES DE INDEMNIZACIONES A LOS ESTIBADORES TRAS LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR

El decreto que elabora el Ministerio de Fomento para liberalizar el sector de la estiba contempla que las autoridades portuarias asuman la indemnización de los trabajadores que forman parte actualmente de las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (Saget), en las que dichas autoridades cuentan con una participación del 50%, lo que puede suponer un coste de hasta 350 millones de euros.
Fuentes de Fomento explicaron que dicha medida tiene la intención de igualar los costes de estos trabajadores con los de aquellos que se puedan incorporar al sector a partir de su liberalización y responde a la responsabilidad adquirida por el Estado como consecuencia de la regulación existente hasta ahora, que fue condenada por el Tribunal de la Unión Europea en diciembre de 2014.
Esta regulación exige a las empresas navieras formar parte de las Saget y contratar exclusivamente a los trabajadores de estas sociedades, que tienen una plantilla de 6.156 estibadores.
La nueva norma contempla que las autoridades portuarias garanticen la financiación de una indemnización de 20 días trabajados con un máximo de 12 mensualidades a aquellos estibadores que contaban con un contrato con las Saget en diciembre de 2014, cuando se produjo la sentencia europea que exige a España la reforma del sector.
Además, contempla la posibilidad de que los estibadores extingan su contrato de forma voluntaria si se producen cambios en su convenio como consecuencia de la reforma, en este caso con un máximo de nueve mensualidades.
Los estibadores de las Saget tienen actualmente una retribución media de unos 60.000 euros anuales, aunque algunos de ellos pueden llegar a percibir hasta 110.000 euros al año.
El Ministerio tiene la intención de aprobar el decreto de reforma de la estiba en próximas semanas. De momento ha obtenido ya el visto bueno de la Comisión Europea, aunque sigue pendiente de la resolución de la Dirección General de Competencia sobre estas indemnizaciones, ya que se trataría de ayudas de Estado.
MULTA DE 21,5 MILLONES
La urgencia de Fomento se debe a que el retraso en la aplicación de la sentencia, provocado en parte por el periodo con el Ejecutivo en funciones, ha generado ya una sanción por valor de unos 21,5 millones de euros, que se sigue incrementando a razón de 27.522 euros diarios.
Además, es inminente una segunda sentencia condenatoria, que en el caso de que se llegara a producir antes de la aprobación del decreto generaría una multa adicional de 134.107 euros al día desde su publicación.
La normativa que ultima el departamento dirigido por Íñigo de la Serna contempla un plazo transitorio de aplicación de tres años, en los que las empresas deberían mantener cotas de contratación de estibadores procedentes de las Saget, del 75% el primer año, del 50% el segundo y del 25% el tercero.
En cuanto a las Saget, contempla que se puedan disolver o que continúen si las empresas accionistas así lo deciden. Además, permitirá la creación de Centros de Trabajo Portuarios o que el trabajo de estiba sea gestionado por ETT.
Por otro lado, el decreto establece que los estibadores que forman parte de estas sociedades que no tengan titulación académica, algo que ya es ahora obligatorio, puedan obtener certificados de profesionalidad gracias a la experiencia de haber trabajado al menos 100 días.
Con estos cambios, además de cumplir la sentencia europea, el Gobierno quiere incrementar la competitividad del sector, ya que además de la exigencia de contratar determinados trabajadores tiene otras importantes rigideces, como que no se pueda contratar a estibadores de países de la UE o que las empresas no puedan elegir al operario que maneja las grúas.
Como consecuencia, en España los costes laborales de la estiba se sitúan entre el 55 y el 65%, frente al 40% que suponen en países como Alemania.
Según las fuentes ministeriales, la nueva norma ha logrado el apoyo de la Asociación Nacional de Empresas de Estiba y Consignatarias de Buques (Anesco) pero no de los sindicatos, que entre otras cosas demandan la creación de un registro de estibadores o que el plazo transitorio sea de siete años.