El titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, ha concluido la instrucción del denominado caso Mar Blau, centrado en los supuestos tratos de favor que, a cambio de supuestas dádivas, habría recibido la empresa Trapsayates, de la que es propietario el expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán, en dos concursos para la explotación de amarres en Mahón e Ibiza.
Así lo ha acordado el juez mediante un auto con el que da paso a las acusaciones para que formulen su escrito de calificación o, por el contrario, soliciten el sobreseimiento de unas pesquisas cuyo principal encausado es el que fuese copropietario del Grupo Marsans. Se trata del paso previo a la apertura de juicio oral.
También decreta que continúe el proceso penal contra otras doce personas, entre quienes se encuentra el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares Francesc Triay, exaltos funcionarios de este organismo y numerosos empresarios vinculados con la mercantil beneficiaria.
En concreto, el magistrado apunta a la comisión de delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.
En una dura resolución, el juez describe el estado de "corrupción sistémica" existente en la APB cuando sucedieron los hechos y que coincide con los periodos (2005-2008) en que Triay y anteriormente Joan Verger -ya fallecido- presidieron el organismo al tiempo que Ángel Matías lo dirigía.
El magistrado centra su relato de hechos en las conversaciones que, entre 2005 y 2007, mantuvo Verger y en las que ofreció en secreto a los responsables del Club Marítimo de Mahón (CMM) alterar a su favor el resultado del concurso público por el que se dirimía la adjudicación para gestionar los puestos de amarre en el puerto de Mahón.
Para ello, según el auto, propuso una "solución" al margen del procedimiento administrativo legal y de los restantes licitadores, y que pasaba, puesto que el CMM no había quedado "ni siquiera en segundo lugar", por llegar a un acuerdo con la empresa presuntamente ganadora, Trapsayates, que recibiría una contrapartida en forma de dinero y amarres a cambio de renunciar a la adjudicación del concurso.
La APB se comprometía además a "devolver el favor" en la concesión de otro proceso, el de Ibiza Nueva. A tal efecto, el CMM firmó un acuerdo con Teinver -propiedad de los mismos accionistas de Trapsayates- por el que esta sociedad percibiría 13.523 euros y tres amarres de 27 metros de eslora durante los quince años de concesión valorados en 4,5 millones de euros a cambio de servicios e informes ficticios.
PARTICIPACIÓN "ACTIVA" DE FRANCESC TRIAY
Por su parte, Triay, presidente de la Autoridad Portuaria de 2007, fue informado por su antecesor del estado de ambos concursos y, teniendo "perfecto conocimiento" de la existencia del contrato 'pantalla' entre Teinver y CMM así como de las pretensiones de Trapsayates, no sólo "no subsanó" las "graves irregularidades" cometidas sino que además "participó activamente en diversas reuniones relativas al 'arreglo' del concurso de Mahón".
De hecho, el proceso fue finalmente adjudicado el 22 de diciembre de 2008, mientras que la actuación de Triay en fechas posteriores "fue determinante" para que el concurso de Ibiza Nueva fuese otorgado a Semar, también participada por Trapsayates, "imponiendo su criterio a la mayoría de la comisión técnica" encargada del concurso y todo ello con el asesoramiento de Matías y de Justo Aguado -también fallecido-, hombre de confianza de aquél.
Por parte de Teinver/Trapsayates, prosigue el juez, participaron activamente "en las ilícitas negociaciones, con cabal conocimiento de lo expuesto y con espurio ánimo de lucro" el que fuera socio de Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual -también fallecido, excopropietario de Marsans y fundador de Spanair-, Miguel Nadal, Manuel Domínguez, Juan Carlos Rodríguez-Toubes, Juan Rosselló y Gonzalo Pastor Pascual -hijo de Gonzalo Pascual-.
El magistrado considera asimismo acreditado que Aguado, Verger y Matías se concertaron con los también encausados Ramón Vilardell y José Luis Cardona, directivo y asesor dependiente, respectivamente, de Sener, para adjudicar a ésta de forma ilegal y por un sobreprecio pactado previamente de al menos 25.440 euros, la ejecución de una 'asistencia técnica para la redacción del plan director del puerto de Mahón', que no fue concluida en su totalidad.
El auto también subraya cómo De Matías y Aguado adquirieron "de forma no aclarada" en este proceso dos viviendas ubicadas en el edificio Marina de Portixol, cuya empresa constructora era Dragados -filial de ACS- y "habiendo participado en el deslinde de dominio público previo a la construcción".
REGALO DE UN APARTAMENTO, UN GARAJE Y UN TRASTERO
Finalmente, el juez apunta al hecho de que la entidad Marina de Formentera, a través del encausado Angel Bustos y de la sociedad Mar de Pujols SL, regaló a Aguado un apartamento, un garaje y un trastero en un edificio situado en primera línea de costa de la isla pitiusa. La presunta dádiva se efectuó en compensación por las informaciones privilegiadas que le facilitaron Aguado y De Matías en la época en que Marina de Formentera resultó adjudicataria del concurso relativo al puerto de la Sabina de Formentera.
Durante la declaración que prestó en marzo de 2011 ante el juez, Díaz Ferrán aseguró no haber intervenido "para nada" en las negociaciones que se habrían llevado a cabo al margen de los concursos de Mahón e Ibiza. De hecho, apuntó al entonces consejero delegado de Trapsa, Juan Manuel Domínguez como la persona que "tomaba las decisiones" al respecto.
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