El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno regional (PRC-PSOE) a no renovar el convenio suscrito con Guipúzcoa para llevar sus basuras en el vertedero de Meruelo y también le apremia a buscar una sede definitiva para el Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) en el plazo máximo de un mes.
Estas han sido una de las resoluciones aprobadas este jueves en el marco del Debate de Orientación Política del Gobierno, en el que se han aprobado 219 de las 269 propuestas planteadas por los grupos, más del 80 por ciento.
Concretamente, la relativa al convenio de residuos ha sido presentada por el PP, y apoyada por Podemos y Ciudadanos, no así por PRC y PSOE, que han dicho 'no'.
En ella se instaba al Ejecutivo a "realizar las gestiones necesarias para la no renovación" del convenio, que expira en 2017, y no otorgar "ningún tipo de prórroga".
Más consenso ha tenido la propuesta del grupo mixto-Ciudadanos sobre el MUPAC, que ha sido aprobada por unanimidad, lo que supone que el Parlamento insta al Gobierno a "definir de manera definitiva y concreta" la sede de este museo en el máximo de un mes.
Igual resultado ha cosechado una petición del PP para que "se consolide Valdecilla como hospital innovador, altamente tecnológico y de referencia nacional en un número significativo de especialidades y servicios del Servicio Nacional de Salud, manteniendo su excelencia asistencial, docente e investigadora".
También, el Parlamento ha aprobado por unanimidad otra sobre Valdecilla, esta vez para pedir al Gobierno que "exija y vele por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la concesionaria del contrato de colaboración público-privado".
Ha salido adelante, con el apoyo de todos los grupos, una del PRC-PSOE en la que se solicita al Gobierno de España que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de asilo y refugio, así como avanzar en una política común de asilo en Europa.
También ha conseguido unanimidad una propuesta de PRC y PSOE sobre uno de los 'clásicos' de los últimos debates sobre el estado de la región, como es el 'fracking'.
Gracias a ella, la Cámara instará al Gobierno regional a "adoptar la medidas legales necesarias para prohibir" el uso de esta técnica extractiva de gas no convencional, así como "paralizar el desarrollo de los permisos concedidos hasta la fecha y que afectan a Cantabria.
En el Debate, y pese a que la oposición ha logrado sacar adelante un centenar de sus propuestas, varias de ellas con el apoyo de los grupos que forman el Gobierno, no ha corrido esta suerte varias de las planteadas por PP, PSOE y Ciudadanos en materia fiscal.
Así, PRC, PSOE, PP y Ciudadanos han rechazado una iniciativa de la formación morada que pedía seguir haciendo "más progresivo el tramo autonómico del IRPF, buscando reducir las cargas relativas a las rentas más bajas y medias y eliminando o limitando las deducciones autonómicas que beneficien primordialmente a las rentas más altas".
Tampoco ha salido adelante una del PP en materia fiscal, en la que, por un lado, se instaba al Gobierno regional a rebajar el tramo autonómico y, por otro, a "no modificar la actual regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y también a congelar y rebajar en futuros ejercicios las tasas, una iniciativa que ha contado con el rechazo de PSOE, PRC y Podemos y con la abstención de C's.
En cambio, sí ha salido adelante una, en materia fiscal, planteada por PSOE y PRC que pedía al Gobierno que expresara su rechazo a la reforma fiscal aprobada por el Gobierno de España del PP que, a su juicio, "beneficia especialmente a las rentas más elevadas y a las grandes empresas" y que el Ejecutivo autonómico acometa una reforma fiscal "justa".
Esta iniciativa se ha aprobado con los votos a favor del PSOE, PRC y Podemos, con el rechazo del PP, y con la abstención de Ciudadanos.
LA OPOSICIÓN FUERZA QUE SE APRUEBEN SUS PETICIONES SOBRE SODERCAN
Sin embargo, y pese al rechazo de los partidos que sustentan al Gobierno, la oposición ha conseguido sacar adelante varias relativas a la polémica en torno a Sodercan, algo que han logrado uniendo sus votos y aprovechando la situación de minoría del bipartito PRC-PSOE.
En ellas, se pedía la vuelta de la sociedad pública a la Consejería de Industria, gestionada por el PRC, y su salida de la de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, en manos del PSOE, donde se encuentra en la actualidad.
También, la oposición reclamaba en estas propuestas aprobadas la revisión de contratos, convenios, préstamos y avales sostenidos o auditorias.
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