Así lo ha acordado en el marco de una proposición no de Ley (PNL) del PSOE-A que ha salido adelante en su conjunto con distintos apoyos parciales, y en virtud de la cual el Parlamento --con los votos de socialistas y Podemos-- también ha instado a la Junta a que demande al Gobierno central que reconozca el esfuerzo realizado por Andalucía en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, y en especial en el ejercicio 2016, valore el saneado estado de las finanzas de esta comunidad y, en consecuencia, permita la adhesión al mecanismo de financiación del Fondo de Facilidad Financiera a interés cero, para que estos recursos sean empleados en las prestación de los servicios fundamentales a la ciudadanía, en vez de pago en intereses al Gobierno.
Asimismo, la Cámara, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP-A --que en ese punto se ha abstenido--, ha pedido que la Junta reclame al Ejecutivo nacional que respete la autonomía de las comunidades y no se utilicen los mecanismos extraordinarios de liquidez para limitar el autogobierno e imponer una política fiscal dictada desde el exterior de la región, y, con los votos de PSOE-A, Cs e IULV-CA, ha demandado al Gobierno andaluz que a su vez inste al Ejecutivo central a que facilite la simultaneidad de la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez y el recurso a los mercados para completar gradualmente las necesidades de financiación de la comunidad andaluza.
En defensa de la iniciativa, el parlamentario del PSOE-A Jesús María Ruiz ha señalado que, desde su nacimiento, las comunidades han acudido regularmente a los mercados financieros para captar los recursos necesarios para ejercer plenamente sus competencias.
Ha añadido que la crisis económica y financiera produjo un fuerte y generalizado deterioro de las finanzas públicas, y las comunidades sufrieron una significativa caída de sus recursos, mientras sus gastos resultaban rígidos a la baja, debido al componente social de sus competencias.
En este contexto, el Gobierno puso en marcha los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez a partir de 2012, que se han instrumentado en forma de préstamos a las comunidades. Estos mecanismos extraordinarios garantizaron la cobertura de las necesidades de financiación, aunque Andalucía, según el PSOE-A, ha tenido que abonar más de 1.500 millones en intereses y además quedó sujeta a una doble condicionalidad, financiera y fiscal, que para este grupo tiene notables implicaciones para hacer efectiva una auténtica autonomía.
PSOE-A CRITICA LAS "VUELTAS DE TUERCA" DEL GOBIERNO
En los últimos años, según ha criticado el diputado del PSOE-A, el Gobierno central ha continuado dando nuevas "vueltas de tuerca" a las restricciones y al control sobre las comunidades, y en las últimas semanas ha añadido un elemento más, como es la modificación sorpresiva de las condiciones establecidas para tener acceso al Fondo de Facilidad Financiera, que suponía un incentivo a las comunidades cumplidoras del objetivo de déficit en modo de un tipo de interés cero a los préstamos concedidos.
"Esta decisión arbitraria no tiene en cuenta que Andalucía ha sido una comunidad cumplidora y, sin embargo, va a ser penalizada con un gasto adicional en intereses estimado en los próximos tres años de 131 millones de euros", ha lamentado Ruiz.
Según el citado representante del PSOE-A, la Junta tiene una amplia solvencia financiera de cara a los mercados de deuda y al sector bancario, habiendo recuperado la calificación de grado de inversión por todas las agencias de rating. "Es momento, por tanto, de explorar todas las opciones que propicien la vuelta a los mercados financieros de la Junta, con el objeto de reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante la consecución de unas condiciones de financiación óptimas, y de afianzar la autonomía financiera de Andalucía", ha abundado Jesús María Ruiz.
PP-A DEFIENDE LA LABOR DEL GOBIERNO
Para posicionar al PP-A, Pablo Venzal, ha destacado que "apartado del ruido, el Gobierno central, en silencio y contra todo el mundo, ha diseñado una arquitectura económica y jurídica que hace posible que las finanzas hoy sean sostenibles". Así, tras desgranar las normas puestas en marcha por el Ejecutivo central para lograr ese objetivo, ha incidido en que han sido estas medidas las que "han puesto a este país en la senda del crecimiento".
De esta manera, ha afeado a los socialistas andaluces que se "quejen de todas esas medidas que ha hecho posible que disminuya el paro y que los servicios estén garantizados, esa no es la forma", a la par que ha reclamado al Gobierno andaluz "que siga haciendo su trabajo, que intente acogerse a cumplir la regla de gasto", pues su objetivo es "tener capacidad de disminuir la deuda en época de bonanza para poder ser capaces de endeudarse en épocas de recesión".
En representación de Podemos ha subido a la tribuna el parlamentario Juan Ignacio Moreno Yagüe, que ha calificado de PNL "trampa" esta iniciativa, porque, "con el apoyo del Grupo Socialista", el Parlamento ya aprobó una iniciativa donde se trataron todos estos asuntos al respecto de la financiación de la Junta. Además, ha opinado que "entrar en el debate de los tipos de interés al que financiamos la deuda pública de las comunidades autónomas y no entrar en el debate de la vuelta a los mercados financieros es engañarnos a nosotros mismos". En esa línea, ha abogado por "pedir a los mercados financieros que devuelvan lo que nos han estafado" antes de volver a ellos, y por procurar una financiación para la comunidad autónoma "a interés cero".
Por parte de Ciudadanos (Cs), el parlamentario Carlos Hernández ha recordado que España aún está inmersa "en un proceso de déficit excesivo en el marco de la UE", de ahí que el Estado español y sus ciudadanos tengan "compromisos", si bien ha respaldado la opción de "explorar y acudir a los mercados" como vías de financiación que en los últimos tiempos "desgraciadamente hemos tenido cerrados por propios méritos", según ha apuntado el diputado de la formación naranja, que ha expresado su deseo de que "ojalá" ahora los mercados "se fíen de nosotros", al tiempo que ha opinado que se debe "pedir financiación al Estado, pero no a un coste superior del que le cuesta al propio Estado".
Por último, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha señalado que su grupo comparte que "el modelo de financiación no se adecua a las necesidades que tienen que atender las comunidades autónomas", y que es un "disparate que el Gobierno central le gane dinero al que a su vez le presta el Banco Central Europeo", pero ha apuntado que la iniciativa socialista busca "tratar de paliar una consecuencia de una decisión previa disparatada" como a su juicio fue la reforma del artículo 135 de la Constitución acordada en 2011 por PSOE y PP, que "condiciona de manera irreversible la viabilidad de los servicios públicos" dando prioridad a la estabilidad presupuestaria.
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