El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, incorporó a tres diputados que la justicia había ordenado separar de sus cargos, en abierto desafío al oficialismo que pone más leña a la hoguera en la pugna por el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Con la Constitución en la mano y penachos en la cabeza, los diputados indígenas del estado Amazonas fueron juramentados este jueves por el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, entre aplausos de sus colegas opositores y el rechazo de los chavistas.
"Pueden incorporarse en plenitud de derechos (...) No vamos a acatar ninguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que viole esta Constitución", afirmó Ramos Allup desde la tribuna del hemiciclo.
Previamente, el jefe del bloque oficialista, Héctor Rodríguez, advirtió que "este acto es absolutamente ilegal, inconstitucional, y los excandidatos de Amazonas que asuman su responsabilidad".
Su compañero de bancada, Pedro Carreño, expresó que los tres legisladores usurpan funciones, por lo que los tribunales "tendrán que actuar de manera expedita".
La investidura de los tres legisladores -cuya elección impugnó el chavismo por supuesta compra de votos- aumenta aún más la tensión por el referendo revocatorio que impulsa la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) contra Maduro.
"El enfrentamiento de poderes llega a su máxima expresión", declaró a AFP el constitucionalista Juan Manuel Raffalli, advirtiendo sobre un desconocimiento mutuo entre el Parlamento y el TSJ, acusado por la oposición de ser el tentáculo jurídico del gobierno.
Raffalli previó que la corte invalidará la decisión de juramentar a los tres asambleístas y declarará a la Asamblea en desacato -como lo hizo en enero cuando juramentó a estos tres dirigentes-, con lo cual sus "actos serán considerados nulos".
El TSJ tiene además en sus manos una demanda interpuesta por el mandatario contra la recolección de 200.000 firmas exigidas para activar el revocatorio, alegando fraude. Otros 8.600 recursos jurídicos amenazan la iniciativa opositora.
Sin embargo, el experto en asuntos electorales Eugenio Martínez desestima que este nuevo conflicto afecte directamente el proceso de referendo, aunque "enturbia mucho más el ambiente político".
A la MUD le urge que la consulta revocatoria se haga antes del 10 de enero de 2017, pues si Maduro pierde el referendo habrá nuevas elecciones presidenciales. Pero si ocurre después de esa fecha, y es revocado, los dos años de mandato que le faltarían los completará su vicepresidente.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) discutirá el próximo lunes si la MUD reunió las 200.000 rúbricas para dar paso a la segunda etapa: la recolección de cuatro millones de firmas para convocar a la ciudadanía a las urnas.
La MUD asegura que el CNE -al que también acusa de aliado del chavismo- hace todo por dilatar el proceso. El pasado martes, el gobierno pidió a ese organismo ilegalizar a la alianza opositora por la cuestión de las rúbricas.
Con la incorporación de estos tres diputados, la MUD recupera la mayoría calificada de dos tercios (112 de 167 curules) que ganó en los históricos comicios del pasado 6 de diciembre, poniendo fin a 17 años de hegemonía chavista.
Desde que asumió el nuevo Parlamento el 5 de enero, Venezuela está enfrascada en una fuerte crisis institucional, en la que el TSJ prácticamente ha anulado todas las decisiones de la Asamblea -unas 17 según la MUD-, al acoger recursos presentados por el gobierno.
"En realidad no hay mayor diferencia. El gobierno desconoce a la Asamblea aún sin tener a los tres (legisladores) de Amazonas", añadió Martínez.
Cuando la MUD asumió el Parlamento, el TSJ suspendió temporalmente la elección de los tres congresistas. No obstante, fueron juramentados por la directiva de la Asamblea, tras lo cual el TSJ declaró nulos los actos del nuevo Parlamento mientras siguieran incorporados.
Acorralada, la oposición cedió entonces a la exigencia del oficialismo de separarlos del cargo, mientras la justicia resolvía el caso.
"Hasta que no haya sentencia, no hay delito", subrayó este jueves Ramos Allup, al señalar que la querella lleva seis meses y medio sin ser resuelta por el tribunal.
Durante el debate, el diputado opositor Simón Calzadilla aseguró que "todos los lapsos en este caso están vencidos, por lo que ahí hay denegación de justicia".
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