Los diputados han dado luz verde a la polémica medida con 123 votos a favor y 38 en contra, mientras que otros 38 optaron por no votar. La votación se vio interrumpida cuando uno de los legisladores hizo sonar un megáfono en el pleno como señal de protesta, informa la agencia Reuters.
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, acusó el viernes a la universidad de Soros de violar la regulación nacional y, con la nueva ley bajo el brazo, el Gobierno deja a esta institución sin apenas opciones. La reforma obliga a las universidades extranjeras a contar con una sede en Hungría y, en el caso del centro de Soros, sería necesario un acuerdo con Estados Unidos que se antoja imposible por el reparto territorial de competencias.
El ministro de Recursos Humanos, Zoltan Balog, ha subrayado ante el Parlamento que la nueva ley "crea igualdad en lugar de privilegios" y ha cargado contra los experimentos que, en su opinión, pretenden "perjudicar" a las autoridades legítimas. Asimismo, ha cuestionado directamente las "falsas ONG financiadas por George Soros".
Balog ha considerado una "alucinación" considerar que la libertad educativa esté en riesgo en Hungría y ha tachado de "lamentable" la supuesta presión internacional ejercida por Soros para tratar de impedir la votación que se ha llevado a cabo este martes, según han informado medios locales.
MENSAJES INTERNACIONALES
La CEU, fundada en Budapest en 1991 tras la caída del comunismo, cuenta actualmente con 1.400 estudiantes. Miles de personas, entre ellas alumnos y profesores del centro, se manifestaron el domingo en la capital húngara para solicitar al Gobierno que cambie de postura.
Más de 500 intelectuales de todo el mundo, entre ellos 17 premios Nobel, han secundado un llamamiento en apoyo a la Universidad Centroeuropea, mientras que el portavoz del Consejo de Europa, Daniel Holtgen, ha apelado en Twitter a la "libertad académica" y el "derecho a la Educación".
Desde Estados Unidos, el Departamento de Estado ha instado al Gobierno de Orban a "evitar cualquier acción legislativa que comprometa las operaciones y la independencia de la CEU".
Una representante de Human Rights Watch (HRW), Lydia Gall, ha pedido en un comunicado al presidente húngaro que no promulgue una ley "que parece motivada por un deseo de silenciar a las voces críticas" y ha llamado a la Comisión Europa a tomar medidas, toda vez que considera que la nueva ley "es impropia de un Estado miembro de la UE".
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