El Parlamento reclama que el servicio telefónico del 112 sea prestado directamente por la Junta

La Cámara ha planteado además que en todos sus derechos y obligaciones el personal que actualmente presta dichos servicios, incluido el personal de bolsa, una vez vencidos los contratos vigentes o encomiendas, sin más prórrogas, con las distintas empresas que lo gestionan en la actualidad. los servicios propios de los distintos organismos de la Junta una vez vencidos los contratos vigentes.

El debate de esta iniciativa ha sido seguido por varios trabajadores del 112 desde la tribuna de invitados del Pleno de la Cámara.

En defensa de la iniciativa, el diputado de Podemos Jesús Rodríguez ha manifestado que la administración andaluza decidió externalizar mediante adjudicaciones a empresas de venta telefónica --contact center-- la atención telefónica de las emergencias en Andalucía, del 112 y del 061, lo que ha supuesto que "unos pocos directivos hayan sido de forma constante los beneficiados por las adjudicaciones de estas contratas bajo una aparente concurrencia competitiva".

Ha defendido que, después de que el Parlamento aprobara otra iniciativa para convertir a pública la gestión de la atención del teléfono 061 y Salud Responde, "en coherencia", es necesario iniciar el mismo camino para la atención telefónica del 112.

"Este modelo de gestión pone en manos de empresas privadas la gestión telefónica de los servicios públicos de emergencias, unas empresas que no aportan nada, solo su nombre, y se lucran con dinero público mientras dan un trato deplorable a sus trabajadores, sometiéndolos a condiciones sociolaborales propias de sistemas esclavistas", ha advertido.

INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

La diputada del PP-A Rosalía Espinosa ha indicado que con este asunto estamos ante otra muestra del "fracaso" y de las promesas incumplidas del Gobierno andaluz, que se comprometió a incorporar cláusulas sociales a todas las contrataciones públicas, sobre el respeto a los derechos de los trabajadores o el cumplimiento de las condiciones laborales y, sin embargo, "no se ha hecho nada". Ha indicado que eso se debería haber hecho, porque es la manera de garantizar la prestación de servicios públicos de calidad en todas las áreas de la administración.

En su opinión, el problema no son las empresas privadas, sino la "falta de control del Gobierno andaluz". Ha agregado que, por ello, los trabajadores del 112 están pidiendo respeto a sus condiciones laborales y han denunciado falta de calidad en la prestación de un servicio público, sin que la Junta haga "nada".

Acto seguido, el parlamentario del PSOE-A José Latorre ha manifestado que el PP está deslegitimado para hablar de derechos laborales en España, después de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Ha puesto en valor el trabajo que realizan los casi 300 trabajadores del 112, que ha recibido numerosos reconocimientos por el trato que se da a los ciudadanos que llaman. Ha señalado que a través del 112 se presta un servicio de calidad a los ciudadanos, en condiciones de agilidad, con lo que la Junta está cumpliendo con una de sus obligaciones.

Ha lamentado que Podemos se presente como el único defensor de los trabajadores del 112 y acuse al PSOE-A de no defender sus derechos, porque está totalmente "equivocado". Ha denunciado que Podemos no le cuenta la verdad a los trabajadores, porque plantea que no se prorrogue un contrato y, que por lo tanto, los trabajadores se queden en la calle.

La parlamentaria de Ciudadanos Isabel Albás ha manifestado que su formación defiende la colaboración público-privada, siempre que haya una correcta gestión. Ha indicado que la administración tiene que ser más exigente a la hora de demandar a las empresas que resultan adjudicadas con servicios públicos que se cumplen los pliegos de condiciones y se vela por las buenas condiciones laborales de los trabajadores.

La diputada de IULV-CA Carmen Pérez ha manifestado que su formación está en contra de todo tipo de externacionalización y defiende el servicio público y el "rescate" de todos los trabajadores que trabajen para lo público, con calidad en el empleo.