El Parlamento sigue tramitando los Presupuestos tras el visto bueno de la izquierda a las cifras globales

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este lunes las cuantías globales del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017 en el denominado Debate de totalidad, de forma que esta iniciativa legislativa continúa su tramitación con la fase de enmiendas. La mayoría de izquierdas ha aprobado las cifras globales con el voto en contra del PP, PAR y Cs en la mayoría de las Secciones del Presupuesto, cuyo gasto no financiero se eleva a 5.052 millones.

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha presentado el proyecto de ley, señalando que este Presupuesto, negociado con los Grupos de izquierda, "no tiene nada que ver" con la situación de años anteriores. Ha subrayado que "es inmejorable" en comparación con el de hace dos años, el último del Gobierno PP-PAR.

El techo de gasto se ha fijado en 5.052 millones de euros, los ingresos tributarios están creciendo al 8 por ciento y el objetivo de déficit es del 0,6 por ciento del PIB. Son unos Presupuestos "realistas" y "continúan con la política que venimos realizando", ha dicho Gimeno. "Lo social se sale por todos los sitios", ha aseverado, resaltando que el presupuesto para infraestructuras educativas crecerá un 21 por ciento.

"Estos Presupuestos recogen los acuerdos de investidura que permitieron que Lambán fuera presidente", ha subrayado Fernando Gimeno, quien ha apelado a la coherencia del proyecto de ley con los acuerdos firmados por la izquierda. "Ustedes querrían mucho más, ayuden a que sea mucho más, no estén frenando permanentemente", ha espetado a los diputados de Podemos.

Al bajar la deuda, el Ejecutivo ha establecido prioridades "clarísimas" tendentes a combatir la pobreza, continuar la recuperación de los servicios públicos, contener el gasto, apostar por la vertebración del territorio, aprobar la Ley de Capitalidad y aumentar los fondos para el INAEM de forma "importante".

Gimeno ha avanzado que se gastará más de lo consignado en Educación concertada y ha recordado que el Gobierno de España quiere reducir la tasa de interinidad en la función pública, también en Aragón. Ha recalcado el cambio en las políticas del Gobierno de España por el peso de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.

COGOBERNACIÓN

"Nuestro compromiso es con los ciudadanos", ha afirmado el consejero, quien ha señalado que el Gobierno de España está obligado a "reconsiderar todo" por el peso de las comunidades autónomas, ocho de ellas gobernadas por el PSOE.

Ha expuesto que "las comunidades hemos tenido que asumir un papel que no nos correspondía, asumir la cogobernación del conjunto de España" porque "no había Gobierno de España", al estar en funciones durante parte de 2015 y de 2016, de forma que "la política pasó a primer lugar". Ha dicho que si las regiones no hubieran tomado la iniciativa "hubiera sido una catástrofe" para los servicios públicos.

En el conjunto de las comunidades autónomas "la música sonaba igual", ya que desarrollaban "una política claramente de índole social" para "recuperar la situación que se había producido en la crisis".

Así, 2016 fue un año "muy complicado, difícil y políticamente muy activo", ha continuado Gimeno, quien ha reconocido que el Gobierno regional tuvo que tomar decisiones "muy duras" con todos los Departamentos que no implementaban medidas sociales.

PRESUPUESTO "SECTARIO"

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha afirmado que este es un Presupuesto "absolutamente sectario" porque "no es para todos los aragoneses y por ahí empezamos a fallar", ya que el Gobierno debe marcar las prioridades, pero "nunca castigando a determinados aragoneses".

Ha puesto el ejemplo de la Educación concertada y ha espetado al consejero que "están ustedes enfrentando a unos aragoneses con otros" al oponer a "la Educación pública de los centros públicos con la pública de los centros concertados".

Ha asegurado que "es menor el esfuerzo en políticas sociales este año que el año pasado", argumentando que las políticas sociales representan el 59,85 por ciento del gasto en los Presupuestos de 2017 por un 60,59 de 2016, para añadir que en 2012, con el Gobierno PP-PAR fueron del 63,95 por ciento.

Ha criticado el parlamentario popular, "no incentivan la economía productiva", puesto que las inversiones se sitúan por debajo de las de 2015, a lo que se suma que "no van a poder ejecutar lo poco que tienen" por el posible cierre de la caja presupuestaria en los próximos meses. Ha lamentado la "falta de apoyo" a pymes y autónomos.

También ha puesto de relieve el "manifiesto desinterés" por los servicios en el territorio y que "han olvidado a los empleados públicos", así como la "excesiva carga fiscal", exigiendo la supresión del impuesto de sucesiones por ser "insoportable" e "injusto".

IRRESPONSABILIDAD

En representación del Partido Aragonés (PAR), Elena Allué ha opinado que este proyecto de ley se podría haber registrado antes y ha advertido de que las consecuencias de la tardanza "van a ser tremendas". Ha calificado al Gobierno de Javier Lambán de "sectario" y ha criticado la "irresponsabilidad" del mismo, extendiendo sus críticas a Podemos.

A juicio de Allué, "Lambán ha radicalizado un Gobierno preso de los chantajes de un partido que ha actuado con una falta total de responsabilidad", lo que se enmarca en "la crisis de los partidos de izquierdas".

Ha afirmado que los responsables del Gobierno "no han salvado lo importante, la estabilidad de Aragón", para plantear que la Comunidad necesita "un clima de confianza que este Gobierno no sabe dar", lo que exige un mayor "sentido común".

El portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez ha considerado que el presupuesto está "descompensado" y "no refleja para nada las prioridades políticas de los aragoneses", añadiendo que ha sido "improvisado, parcheado" y que el Ejecutivo ha sometido a la cámara a un "mareo continuo". Los socialistas "se empeñan en pactar con aquellos que, simplemente, todavía no se han enterado de para qué estamos aquí".

CAPACIDAD DE GESTIÓN

El diputado socialista, Alfredo Sancho, ha hecho hincapié en que el presupuesto "demuestra la voluntad política y la capacidad de gestión de este Gobierno" y que está orientado a "continuar actuando con responsabilidad, con voluntad política" para beneficiar al conjunto de los aragoneses combatiendo la pobreza y manteniendo la recuperación de los servicios públicos.

El parlamentario de Podemos, Héctor Vicente, ha manifestado que el presupuesto es "continuista, plagado de incertidumbres" y que conlleva un "riesgo" para la sostenibilidad de los servicios públicos, tras lo que ha rechazado la "excusa" de la herencia recibida del Gobierno anterior. "Este año esperábamos que la cosa fuera diferente", ha reconocido.

Vicente ha defendido que la Asamblea de Podemos Aragón tenga la última palabra sobre el apoyo a los Presupuestos, en respuesta a las críticas de Javier Martínez (Cs) y contra la política de "mesa camilla".

Ha alertado de las "incógnitas inquietantes" que tiene este presupuesto y las "dudas" sobre su devenir, y ha preguntado al Gobierno cuál es su modelo para la Educación pública.

El portavoz de CHA, Gregorio Briz, ha dejado claro que "nos oponemos frontalmente al modelo del neoliberalismo" y que el liberalismo progresista le interesa "menos que nada", por lo que ha apostado por el modelo de izquierdas y aragonesista. "El problema es la desigualdad y la exclusión social", ha agregado.

La diputada de IU Aragón, Patricia Luquin, ha dicho que este es un mejor "punto de partida" respecto del presupuesto de 2016 y es "mucho mejor" que el de 2015, pero no es "excelente", advirtiendo de que si la caja se cierra pronto "tendremos un serio problema y daría igual que fuera el mejor presupuesto posible".