En ese marco se les exigirá "acreditar su formación y capacidad para ejercer como tales a fin de obtener la verificación y conformidad de la Comisión Islámica de España".
En un comunicado a los medios, el presidente de la Ucidce, Laarbi Maateis, ha pedido "colaboración" a los funcionarios y cargos policiales para, "por el bien de todos", obtener "información relevante sobre el personal que pudiera prestar servicios en comunidades religiosas y templos".
Maateis se congratuló del "doble control" que deben superar en Ceuta los predicadores islámicos, para quienes la Ucidce solicita "tanto la conformidad del Ministerio de Justicia, que a su vez contacta con los Servicios de Información de las Fuerzas de Seguridad y el CNI, como del Ministerio de Asuntos Religiosos marroquí".
El colectivo ha recordado que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa establece que "las iglesias, confesiones y comunidades religiosas" tienen derecho a "establecer lugares de culto o reunión con fines religiosos y a designar y formar a sus ministros" con "plena autonomía" para, entre otras cuestiones, establecer el "régimen de su personal".
El Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de 1992 considera imames a efectos legales a "las personas físicas dedicadas, con carácter estable, a la dirección de las comunidades".
Maateis, que también es vicesecretario de la Comisión Islámica de España, ha añadido que esta está actualmente "preparando de forma oficial el próximo curso formativo destinado a imames de nuestro país".
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