El juicio se celebrará a partir de las 10.00 horas de este lunes, 30 de enero, y hasta el miércoles, 1 de febrero, en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.
Los hechos se remontan a enero de 2012, cuando la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia inició una investigación en torno a uno de los acusados para comprobar diversas informaciones recibidas respecto a su dedicación al tráfico de hachís.
Dichas gestiones policiales dieron lugar a la incoación de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia en las que se intervinieron los números de teléfono usados por el acusado.
Como resultado de esas intervenciones telefónicas, el Juzgado aprobó casi de forma inmediata otras intervenciones respecto de personas que se relacionaban con este acusado, y que aventuraban su relación con operaciones vinculadas al tráfico de hachís.
La Policía Nacional tuvo así conocimiento de que el primer acusado trataba de concretar y efectuar alguna actividad destinada a la introducción de hachís en España procedente de Marruecos por vía marítima, de lo que hablaba insistentemente con otro de los acusados.
En esas conversaciones hablaban de la posibilidad de conseguir furgonetas para asegurar el transporte del hachís una vez llegase a tierra española, amén de personas que pudieran intervenir en dichas labores.
En esas conversaciones, según el Fiscal, participaban los dos acusados ya mencionados y el sobrino del primero, que realizó funciones de intermediación pactando que se pagarían 20 euros por cada kilo de hachís desembarcado.
A principios de marzo de 2012, las intervenciones telefónicas permitieron detectar contactos entre el primer acusado y otro individuo que recibió el encargo de reclutar a gente para realizar la función de alijadores, es decir, personas encargadas de realizar labores de desembarco del alijo en la playa y de esconder la mercancía. Con este fin, reclutaron a otros ocho de los acusados.
Asimismo, el primer acusado encargó a otro imputado que realizara labores de contravigilancia durante el desembarco en la playa de la mercancía mencionada.
El 5 de marzo de 2012, tres de los acusados se desplazaron a Mazarrón para concretar el sitio exacto del desembarco, y la Policía Nacional pudo averiguar que sería en la playa de La Calera, en el término municipal de Cartagena.
Tras diversos aplazamientos debidos al mal tiempo y a la luna llena, gracias a la intervención telefónica, la Policía Nacional supo que el desembarco se realizaría en la madrugada del 30 de marzo, procediéndose a instalar un operativo policial.
Sobre las 5.00 horas de ese día, llegó a la playa de La Calera una embarcación semirrígida, sin capacidad suficiente para hacer grandes travesías, y cada uno de los implicados se encontraba en su puesto, según las funciones previamente distribuidas.
Sin embargo, la embarcación mencionada logró huir, dejando en el lugar un total de 66 fardos de sustancia, con un peso aproximado de 2.112,7 kilogramos que resultó ser hachís con un valor ilícito de 3.239.835 euros
En este sentido, el Fiscal considera que cinco de los acusados son autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud, por el que procede imponerles la pena de seis años de prisión y la multa de 3,2 millones de euros.
Además. ocho de los acusados son responsables de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud con la aplicación del último párrafo, por lo que procede imponerles la pena de tres años de prisión y la multa de 3,2 millones de euros.
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