"No creo que el Gobierno 'de facto' haya tenido un plan sistemático", afirmó Gómez Centurión en una entrevista concedida el domingo por la noche (hora local) a América TV. Además, cuestionó el número oficial de desaparecidos durante el régimen castrense: "no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras".
Activistas y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han criticado estas declaraciones y han pedido al presidente, Mauricio Macri, --que se vio envuelto en una polémica similar por cuestionar la cifra de desaparecidos-- que cese a Gómez Centurión.
"Está diciendo cosas muy serias desde la voz de un miembro muy importante del Gobierno. Pedimos que se lo reconvenga", ha dicho la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. "No puede desconocer la historia (...) Lo mandaría a la escuela", ha apostillado, en declaraciones Radio Splendid.
Para el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el titular de la agencia aduanera trata de "justificar lo injustificable". "Lo que está haciendo el Gobierno es querer demoler poco a poco todo la política de Derechos Humanos".
Desde el 'kirchnerista' Frente para la Victoria (FpV) se han pronunciado en la misma línea. "Debe ser el último acto público de Gómez Centurión, es ofensivo", ha reclamado el jefe del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, Héctor Recalde.
El Gobierno, aunque no ha mencionado expresamente a Gómez Centurión, también se ha desmarcado de sus palabras. "La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural aclara que esas opiniones son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representantes del pensamiento del Gobierno", ha dicho en un comunicado.
La Secretaría de Derechos Humanos ha ratificado que "el 24 de marzo de 1976 marco el inicio de la peor dictadura que soportó nuestro país y, tal como quedó demostrado (...) el terrorismo de Estado instalado desde las cúpula militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias".
El origen de la controversia es la decisión de Macri de declarar "feriado móvil" el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, si bien fuentes gubernamentales han contado a 'La Nación' que dará marcha atrás para que sea un festivo "inamovible".
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