La Policía Federal de México siguió los pasos del Ejército al pedir disculpas públicas este lunes por un caso de tortura de uniformados contra una mujer el año pasado e informó que son tres -y no uno- los agentes policiales implicados en el caso.
"Externo aquí una pública disculpa por esos hechos. Procede sin duda pedir perdón por ellos", dijo el comisionado nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, durante un acto en San Luis Potosí (norte).
Este caso de tortura causó escándalo en México después de que el miércoles pasado apareciera un video en redes sociales en el que se ve a esa mujer descalza echada en el piso, que llora y grita mientras una soldado apunta un arma sobre su cabeza.
Luego, una agente de la Policía Federal -corporación dependiente de la CNS- le esposa las manos para asfixiarla en dos ocasiones con una bolsa de plástico, mientras la militar le hace preguntas y la amenaza con otras formas de tortura.
Según medios locales, la mujer pertenecería al cártel de La Familia Michoacana y habría sido detenida junto a dos hombres en posesión de múltiples armas.
Estos hechos, ocurridos el 4 de febrero de 2015 en Guerrero -un estado del sur de México clave para el cultivo y tráfico de amapola y marihuana-, resultan "lamentables, agraviantes y dolorosos", dijo Sales.
"Ofenden a la ciudadanía y deshonran a las instituciones de seguridad. Son intolerables y no quedarán impunes", prometió el alto funcionario.
Por su parte, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró que además de la agente policial que aparece en el video suspendieron a "otros dos elementos que participaron" en los hechos.
Por su parte, el Ejército realizó el sábado un inusual gesto al pedir disculpas públicas por este incidente que "empaña" el despliegue de las fuerzas armadas contra el crimen.
El ministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, recordó que un capitán y una soldado implicados en el caso fueron arrestados en instalaciones castrenses por "desobediencia".
En tanto, la fiscalía general investiga el caso desde el 7 de enero y procesará a los detenidos por la vía civil.
El Estado mexicano lanzó en 2006 una lucha frontal de sus fuerzas federales contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, que ha dejado más de 25.000 desaparecidos y 80.000 muertos.
Ante la persistente denuncia por parte de varias organizaciones internacionales y hasta la ONU de casos de desaparición forzada y tortura, el presidente Enrique Peña Nieto envió en diciembre dos nuevos proyectos de ley al Congreso para prevenir y sancionar estos fenómenos.
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