La policía brasileña criticó el sábado al nuevo ministro de Justicia, Eugenio Aragao, por anticipar que castigará a los investigadores si sospecha que filtraron información en alguna de las numerosas causas por corrupción que avanzan sobre el primer nivel político del país.
Aragao asumió su cargo este jueves en la misma ceremonia donde fue designado jefe de gabinete el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien está siendo investigado por supuestos vínculos con el megafraude a Petrobras.
"Si huelo filtraciones en las investigaciones, todo el equipo será cambiado. Y no preciso tener pruebas", dijo en una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo, donde abordó uno de los principales cuestionamientos que hacen abogados a los múltiples procesos de la llamada "Operación Lava Jato" (lavadero de autos) que indaga la estafa a Petrobras.
Y la asociación de delgados policiales respondió con dureza.
"Si llega a haber cambios en los equipos policiales por acusaciones de irregularidades sin antes tener una investigación correspondiente vamos a tomar medidas", dijo a la AFP Carlos Sobral, presidente de la asociación de delegados de la policía federal.
"Las declaraciones del ministro son muy negativas (...) En el caso "Lava Jato", lo que hay es levantamiento de secreto de sumario por decisión judicial. No son filtraciones, es el entendimiento del poder judicial de que es válida la divulgación de la información", agregó.
Las investigaciones por la estafa a la estatal Petrobras han sido criticadas por abogados e investigados que señalan que no siempre es respetado el secreto de sumario.
Aragao llegó al ministerio de Justicia tras la gestión de José Cardozo, que milita en el oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) fundado por Lula.
Y fue la investigación del expresidente por presunta corrupción y el encarcelamiento de prominentes figuras del PT involucradas en el fraude a Petrobras, que llevaron a esa fuerza a denunciar un ensañamiento de los investigadores policiales y judiciales y a criticar la falta de reacción del gobierno, en especial de Cardozo.
Lula es considerado el último cartucho que tiene la presidenta Dilma Rousseff para salvar su gobierno del naufragio, pero su entrada en funciones fue suspendida por un magistrado de la corte suprema que sospecha que se trata de una maniobra para dotarlo de fueros y dejarlo al abrigo de la justicia ordinaria, donde debería enfrentar al juez Sergio Moro, que devino en el símbolo del combate a la corrupción en Brasil.
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