El director general de Administración Local, Diego Pardo, ha mantenido este lunes sendas reuniones con el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Joaquín Hernández, y con el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, con el fin de abordar los criterios de reparto que se han de seguir para la distribución de los fondos previstos en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma con destino al Plan de Obras y Servicios 2017 (POS).
Sobre la reunión celebrada en la sede de la Federación de Municipios, a la que también ha asistido su secretario, Manuel Pato, Diego Pardo ha explicado que "queremos ayudar a los ayuntamientos ante las múltiples consultas que han formulado respecto de la forma de acreditar que se ha llevado a cabo un proceso de participación ciudadana en la selección de proyectos que han de ser beneficiarios del Plan de Obras y Servicios".
El Plan de Obras y Servicios 2017 está dotado con seis millones de euros, un 20 por ciento más que en la anualidad anterior, y los proyectos que se presenten para ser subvencionados "deben cumplir con el objetivo general de este Plan, que es suplir los déficits en infraestructuras y servicios de competencia municipal detectados a través de la Encuesta de infraestructuras y equipamientos locales", ha subrayado el director general.
Pardo ha manifestado que la Consejería de Presidencia, de la que depende la Dirección General de Administración Local, propone dar validez a cualquier documento (informe, memoria o certificado) que acredite la celebración del proceso participativo, y recordó que la exigencia de este procedimiento "se deriva de la incorporación de la participación ciudadana a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2017, una experiencia pionera en España que se enmarca en las políticas de Gobierno Abierto que lleva a cabo el Ejecutivo regional".
En virtud de ello, cada ayuntamiento debería seleccionar varios proyectos que atiendan a la mejora de déficits en infraestructuras y equipamientos locales, detectados mediante la Encuesta de infraestructuras y equipamientos locales (EIEL), y a través de los órganos de participación ciudadana y de su exposición pública se elegiría la actuación o actuaciones a presentar para su financiación con cargo al POS.
El proceso de participación comprendería las fases de información, con actividades de difusión del proceso; deliberación, por medio de consultas, asambleas, reuniones o jornadas; y retorno, dando cuenta de los resultados del proceso participativo realizado y de las decisiones adoptadas como consecuencia del mismo.
Este requisito sería acreditado junto con la presentación del proyecto de obra o actuación, así como con la restante documentación complementaria, dentro del plazo que a tal efecto se determinará, y se sumaría a los criterios de reparto económico habituales (superficie municipal, población y dispersión) que se vienen aplicando.
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