Presidenta del Consejo de Transparencia quiere que las actas del Consejo de Ministros puedan pedirse antes de 25 años

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), Esther Arizmendi, cree que las actas de las reuniones de los Consejos de Ministros deberían poder solicitarse por los ciudadanos y darse a conocer si han desaparecido las condiciones que motivan que sean secretas.

A su modo de ver, eso debería poder hacerse sin esperar a que pasen 25 años, que es el plazo que ha propuesto el PNV --en su proposición para reformar la Ley de Secretos Oficiales-- para que los documentos declarados secretos sean desclasificados, según ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press. "Eso es mucho esperar", ha dicho.

Eso sí, Arizmendi no habla de desclasificación automática de los documentos --como sí hace la proposición de ley del PNV--, sino de que cuando un ciudadano pida las actas, una comisión o el propio Consejo de Transparencia las analice y haga el "test del daño" para determinar si "ha desaparecido cualquier condición que haga que sea secreto".

También en relación con el Consejo de Ministros, Arizmendi ha avanzado que el Consejo de Transparencia se mostrará a favor de una petición de información que solicita conocer el orden del día o "índice" de las reuniones semanales del Gobierno.

En ese sentido, ha explicado que, si bien las actas están protegidas por el secreto de la reunión, esos índices no lo están, de modo que deberían facilitarse a los ciudadanos. "Me da igual que se conozcan el viernes o el lunes, pero es importante que sepamos qué pasa y de qué se habla ahí, porque están hablando de cómo gastar nuestro dinero, resolver nuestros problemas y priorizar las políticas públicas", ha argumentado.

En todo caso, Arizmendi también es favorable a una reforma de la Ley de Secretos Oficiales que permita desclasificar documentos y ve razonables los plazos incluidos en la proposición de ley que ha empezado su trámite en el Congreso pese al rechazo del PP y la abstención de Ciudadanos. Esa propuesta prevé la desclasificación de documentos reservados en un plazo de 10 años y de los declarados secretos en 25 --ampliables en otros 10 por el Consejo de Ministros--.

PASADO EL TIEMPO ALGUNAS INFORMACIONES SON "INOCUAS"

Es más, ha remarcado que el Consejo ya ha reclamado, en lo relativo a sus competencias, que las actuales excepciones para acceder a información tengan "límite temporal". "Ahora me puedes pedir una información afectada por un límite porque puede perjudicar las relaciones internacionales o una negociación, pero transcurrido el plazo suficiente, o cerrada la negociación, se convierte en una información totalmente inocua, así que también debería estar sometida a levantar el velo cuando transcurra el tiempo", ha argumentado.

Entre las atribuciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está el estudiar las reclamaciones de los ciudadanos cuando las administraciones no atienden, o directamente rechazan, sus peticiones de acceso a información.

AGENDAS DE LOS MINISTROS

Por otro lado, ha avanzado que el Consejo tiene ya redactada una recomendación sobre lo que se debe publicar de las agendas de los ministros y que está a la espera de trasladársela a la secretaria de Estado de Función Pública para que ésta la comunique en la Comisión de Subsecretarios.

Según ha dicho, será una recomendación "muy pionera", basada en su criterio de protección de datos que tiene como principio general que "a mayor responsabilidad, menor protección de la intimidad" y que la protección de datos de carácter personal no afecta a las organizaciones. Además, pedirá que esas agendas sean públicas, que no haya que pedirlas.

Una vez que se comunique esa recomendación, los ministros deberían publicar todas sus reuniones con presidentes de empresas, patronales o bancos, "qué acuerdos se han tomado, qué se ha propuesto". Esa recomendación detalla lo que se debe publicar y cuánto tiempo debe guardarse. Conforme a ella, ha precisado, una reunión como la del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz con el ex presidente de Bankia Rodrigo Rato debería conocerse.

Arizmendi también confía en que el juez dé la razón al Consejo y obligue a publicar los datos de los pasajeros que han viajado en los aviones del 45 Grupo --los destinados al transporte de autoridades-- con excepción de los vuelos que están clasificados como secretos, como es el caso de los vuelos del jefe de Estado y el jefe del Gobierno.

EL BUEN GOBIERNO ESTÁ "SÓLO EN EL TÍTULO"

En vísperas de que se cumplan tres años de la aprobación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, y dos años después de la entrada en funcionamiento del Consejo, Arizmendi ha señalado que su organismo tiene el "buen gobierno" sólo en el título, pero lo cierto es que no tiene ninguna competencia en ese ámbito.

"Aquí no entra nada de buen gobierno porque no tenemos ni la capacidad de instruir expedientes", ha dicho. A su juicio, "habría sido fantástico" que el Consejo tuviera también esa competencia, que ahora mismo recae en la Oficina de Conflictos de Interés, que depende "orgánica y funcionalmente" de la Secretaría de Estado de Función Pública.

"Me da mucho apuro, pero en algún momento pensé que el Consejo debía tener esa competencia, porque si (la Oficina de Conflictos de Interés) está ligada a una secretaría de Estado está muy trufada, y debería tener tintes de independencia, de la misma manera que la información pública porque también es rendición de cuentas", ha resumido.

PUERTAS GIRATORIAS, UN "HORROR ESPELUZNANTE"

Arizmendi ha asegurado que a ella le producen "un horror espeluznante" las llamadas "puertas giratorias" entre la Administración y las empresas y ha remarcado que el Consejo ha hecho lo que está en su ámbito, facilitando información de compatibilidades de altos cargos y de donde van cuándo dejan sus puestos.

"Pero eso está en la ley del alto cargo, recae directamente en la Oficina de Conflictos de Interés y no podemos hacer más", ha añadido, admitiendo que no cree vaya a reformarse la norma para alargar el plazo actual, de dos años después de terminar su mandato, en el que los altos cargos tienen que pedir permiso para incorporarse a otro empleo.