Hebe de Bonafini, presidenta de la organización argentina Madres de Plaza de Mayo, decidió este jueves no presentarse por segunda vez a una audiencia indagatoria por un caso de presunto desvío de fondos públicos, falta por la que puede ser llevada por la fuerza, según la ley.
Bonafini, de 87 años de edad, envió a través de su abogado una carta al juez Marcelo Martínez de Giorgi para explicarle las razones de su ausencia, básicamente cuestionando al magistrado y al conjunto del sistema de justicia argentino.
La mujer, que perdió a sus dos hijos, Raúl y Jorge -además de su nuera, los tres desaparecidos-, a manos de los represores de la dictadura argentina (1976-1983) recalcó que "siempre" sufrió "la misma ignominia, la misma indiferencia" por parte de la Justicia y que por eso no irá a ningún tribunal.
"Desde 1977 vengo padeciendo las agresiones de la mal llamada justicia, implementada por jueces de la Nación", sostuvo Bonafini en su carta, que el abogado Juan Manuel Morente dejó en los tribunales el jueves en la mañana.
Recordó que en febrero de 1977 empezó su "calvario" al hacer 168 presentaciones por su hijo Jorge, y luego por su hijo Raúl, desaparecido en diciembre del mismo año.
"En una constante peregrinación por los juzgados siempre padecí las mismas injusticias, las mismas agresiones. Luego en mayo de 1978, desapareció también mi nuera María Elena, y nada cambió", sostuvo Bonafini.
La activista contó que en 2001 denunció agresiones físicas contra su hija Alejandra y posteriormente fue involucrada en la causa por el supuesto desvío de fondos a cargo del exapoderado de la fundación de las Madres Sergio Schoklender.
"Las Madres con gran esfuerzo aportamos voluntariamente 60 cajas con pruebas, junto con 40 backup, y otros elementos más, primero a (el juez federal) Oyarbide y después a ud., que ni siquiera leyeron algo de lo aportado", reprochó al juez Martínez de Giorgi.
Por todo eso, Bonafini concluye que la citación de este jueves es una "burla" que -afirma- "nos castiga a todas, ancianas de 85 a 90 años, y nos condena a pagar las deudas, injustas y ajenas".
El juez Martínez de Giorgi investiga presuntas irregularidades en el mecanismo de construcción de viviendas sociales del programa Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo, que contó con financiamiento del Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003/2015).
El programa, un gigantesco emprendimiento que construía miles de viviendas, escuelas y hospitales en barrios carenciados, quedó trunco en 2011 al estallar un escándalo por denuncias de corrupción de un plan que manejó en su momento unos 170 millones de dólares (hoy, tras la devaluación, unos 53 millones USD).
Ni Bonafini ni las Madres habían sido imputadas al ser consideradas "víctimas de la defraudación" por el anterior juez de la causa.
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