El Principado replica a Podemos que tiene una actitud proactiva en la lucha contra la corrupción

Así, en respuesta a los medios durante la rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Gobierno, Martínez ha incidido en que fue el Ejecutivo autonómico el que denunció el conocido como 'caso Marea' y las supuestas irregularidades en la gestión de la empresa Gitpa.

De hecho, el portavoz del Principado recordó que la semana pasada enseñó al diputado de Podemos, Daniel Ripa, algunos de los papeles que el Gobierno había llevado directamente a la Fiscalía cuando tuvo conocimiento de posibles irregularidades. Asimismo, remarcó que el Gobierno está personado como acusación en el juicio del 'caso Marea'.

Guillermo Martínez se refería así a las declaraciones realizadas esta mañana por Daniel Ripa en las que afirmaba que en El Musel "hay múltiples irregularidades" y estas en un principio "se negaron, pero luego se tapó a quienes denunciaron estos hechos y el Gobierno está obstaculizando los procesos judiciales abiertos".

"Tardan en colaborar con la Fiscalía, obstaculizan los procesos desde dentro, poniendo a dirigentes políticos que en vez aclarar los hechos están intentando poner piedras a la investigación judicial y en algunos casos cuando el proceso ya está puesto en marcha se personan en la causa para obstaculizar desde dentro la propia investigación como en el caso Marea", dijo el parlamentario de Podemos.

Por su parte, el consejero de Presidencia aprovechó para solicitar el apoyo de todos los grupos parlamentarios para alcanzar un gran acuerdo que permitan a la comunidad disponer de las mejores leyes posibles en materia de transparencia, buen gobierno y participación.

En lo relativo al proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Martínez mostró la disposición del Ejecutivo a atender, incluso, "enmiendas de amplio calado" si logran mejorar el texto normativo en favor de la transparencia. Además, apuntilló que incluye un órgano independiente de control con personalidad jurídica propia y con una persona responsable nombrada por el parlamento y no por el gobierno "como pretendía Podemos a nivel nacional".