El Gobierno asturiano está preparando un decreto para desarrollar la ley aprobada en noviembre de 2016 sobre las deudas reclamadas a herederos de los usuarios fallecidos de los servicios públicos del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). La consejera de Servicios y Derechos Sociales del Gobierno asturiano, la socialista Pilar Varela, ha explicado en comisión parlamentaria que su objetivo es que el Gobierno asturiano lo apruebe antes de que finalice el mes de julio de este año.
El decreto supondrá la modificación a la baja de 2.338 liquidaciones remitidas por el ERA a los herederos. El cambio se debe a la aplicación del régimen de copago de la ley de dependencia y no del sistema de precio público, como hizo el Principado "por error".
El texto del decreto está en fase de consulta previa, que finalizará el 16 de marzo. Ese día se pondrá a información pública para que se puedan formular a alegaciones. Posteriormente será remitido a la Dirección General de Presupuestos, al Consjeo Económico y Social, a los secretarios generales técnicos y al Consejo Consultivo. Tras recibir el visto bueno, el documento será aprobado en Consejo de Gobierno, y publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) a continuación para entrar en vigor en 20 días.
A partir de ese momento, ha informado Varela, el Gobierno asturiano se pondrá en contacto en el plazo de un mes con las familias para informarles de la cuantía de la nueva liquidación, ya aplicado el nuevo baremo. En ese momento se abrirá un plazo de seis meses para que las familias puedan aportar algún tipo de modificación.
"Yo soy la primera que quisiera que esto fuera mas rápido, pero a veces la rapidez no va bien con la seguridad jurídica", ha señalado Varela, que ha achacado los problemas generados a una disposición transitoria de un decreto aprobado en Asturias en 2010 que no tenía en cuenta la situación de los usuarios dependientes fallecidos. A la hora de reclamar la deuda, así, se les aplicaba el régimen de hospedaje, con el precio público del ERA, y no el copago de la Dependencia. Había la posibilidad de elegir, pero Varela ha dicho que aquel sistema no era bueno, porque no eran opciones homogéneas.
De esa forma, la consejera ha dicho que el nuevo decreto va a resolver el problema generado. En los casos en los que las familias han pagado lo que se les pedía, el Principado tendrá que devolver dinero. El cálculo de la Consejería es de unos seis millones de euros para esta materia. A los que no han querido pagar se les girará una nueva liquidación, con el criterio del copago y menos cuantía. Los efectos en las arcas del Principado tendrán lugar, sobre todo, en el ejercicio de 2018, ha señalado la consejera.
Varela, por otro lado, ha avanzado que con posterioridad a la aprobación de este decreto, está previsto la preparación de una nueva norma que "actualice" el llamado contrato de hospedaje del ERA, que regula los precios de los usuarios del ERA.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
"Esto no lo causó un decreto, lo causó la pésima gestión del ERA", reprochó en el turno de fijación de posiciones la diputada de Podemos Rosa Espiño, que acusó a Varela de generar "confusión" y de "demorar tiempo". La parlamentaria ha recordado que ya hay una ley aprobada desde noviembre para devolver el dinero "reclamado injustamente".
Mientras, el diputado del PP Matías Rodríguez Feito ha lamentado el "abuso" cometido por gobiernos socialistas y ha dicho que el "ocurrente decreto" anunciado por la consejera no parece la solución. "Siguen sin pedir perdón y depurar responsabilidades en su Consejería", ha reprochado a Varela.
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